Recientemente, la Policía Civil de San Pablo desmanteló una nueva estructura criminal conocida como "sintonia", que opera dentro del Primer Comando de la Capital (PCC), la principal organización delictiva en Brasil. Este grupo, que se autodenomina "sintonía de internet", se encarga de gestionar las comunicaciones entre los miembros de la facción a través de diversas plataformas digitales, incluyendo aplicaciones y correos electrónicos cifrados. Según el Departamento de Inteligencia de la Policía Civil de San Pablo, esta cúpula proporciona un soporte técnico digital que supervisa y regula la información compartida por los integrantes del PCC. Dirigido por dos líderes encarcelados, André Luiz de Souza, conocido como Andrezinho, y Eduardo Fernandes Dias, apodado Destino, el grupo responde a la jerarquía superior de la facción, encabezada por Marco Willians Herbas Camacho, alias Marcola, también tras las rejas.

En un hecho alarmante, el aeródromo de Guarulhos, el más importante de América Latina, fue cerrado en dos ocasiones el domingo pasado debido a la aparición de siete drones no autorizados en su espacio aéreo. Estos dispositivos, que pueden adquirirse fácilmente en línea, provocaron que varios vuelos fueran desviados a otros destinos. Este tipo de incidentes no son nuevos; en junio del año anterior, narcotraficantes fueron detectados utilizando drones para vigilar un cargamento de 160 kilos de cocaína en el mismo aeropuerto. Según expertos en seguridad, estos aparatos brindan ventajas significativas al crimen organizado, como la capacidad de operar desde una distancia segura, dificultando la identificación de los delincuentes y la respuesta de las autoridades.

Lamentablemente, el uso de drones en actividades delictivas no se limita a la vigilancia. En Brasil, han sido adaptados como herramientas de ataque. En octubre pasado, miembros del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso del país, utilizaron drones modificados para lanzar granadas en enfrentamientos con la policía en Río de Janeiro. Este fenómeno refleja una tendencia creciente en la que los grupos criminales aprovechan la tecnología disponible para consolidar su poder y expandir su influencia, convirtiendo a los drones en una extensión de sus operaciones delictivas.