En un episodio que ha captado la atención pública en Santa Fe, una abuela enfrentó a su nieto tras recibir la notificación de una deuda de más de 5 millones de pesos, resultado de amenazas realizadas por el menor hacia una institución educativa. La confrontación familiar se produjo en el contexto de una serie de operativos que el Gobierno provincial ha implementado para hacer responsables a los adultos por los actos de intimidación cometidos por sus hijos. Este enfoque busca no solo sancionar a los menores, sino también recuperar el costo de las intervenciones policiales que se despliegan en respuesta a estos incidentes.
La situación se ha vuelto recurrente en varias localidades santafesinas, donde las autoridades han intensificado las notificaciones a las familias de jóvenes que han sido señalados como autores de amenazas. Durante un fin de semana reciente, se distribuyeron once notificaciones que acumularon un total superior a 36 millones de pesos, reflejando el impacto económico que estas acciones tienen en el sistema educativo y de seguridad. La abuela que se dirigió a su nieto con la frase "¿No te da vergüenza?" no solo expresó su descontento por la situación, sino que también simboliza la preocupación de muchos padres y abuelos sobre el comportamiento de los jóvenes en un contexto de creciente violencia y falta de respeto hacia las instituciones.
El gobierno de Santa Fe ha adoptado una política clara y directa: aquellos que amenazan a escuelas deben asumir las consecuencias económicas de sus actos. Este enfoque, que busca trasladar el costo de las intervenciones policiales a los responsables, se ha implementado como medida ante el incremento de las amenazas en diversos puntos del país. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia ha detallado que la notificación incluye información sobre el monto a pagar, así como los procedimientos para realizar el abono, y advierte sobre las posibles acciones legales en caso de incumplimiento.
El ministro Pablo Cococcioni ha explicado que, a medida que la Fiscalía identifica a los responsables de estas amenazas, ya sean menores o adultos, se emiten de forma automática las intimaciones de pago correspondientes. Cada notificación tiene un monto variable, calculado en función de los recursos que se emplearon durante la intervención policial, incluyendo costos de combustible, utilización de vehículos y horas de servicio del personal policial, así como el despliegue de brigadas especializadas cuando la situación lo requiere.
Uno de los casos que ha generado mayor revuelo fue el de una familia que recibió una notificación por un monto de 6.024.944 pesos, lo que desató la indignación del padre, quien se mostró sorprendido por el elevado costo de la intervención. Su reacción, grabada en un video y difundida por el gobernador Maximiliano Pullaro, resaltó la incredulidad ante lo que consideró una "jodita cara", refiriéndose a la falsa alarma que había provocado la movilización de las fuerzas de seguridad.
Este nuevo enfoque en la gestión de amenazas escolares ha suscitado un debate en la sociedad sobre la responsabilidad parental y la manera en que se están manejando los comportamientos de los jóvenes. Muchos se preguntan si este tipo de medidas realmente contribuirán a disminuir la violencia en las escuelas o si, por el contrario, generarán un ambiente de mayor tensión entre las familias y las autoridades. A medida que la provincia avanza en la implementación de estas políticas, será fundamental observar los resultados y la efectividad de estas estrategias para abordar un problema que afecta a toda la comunidad educativa.
