La conmoción y el dolor marcan el ambiente tras el asesinato de Ángel, un niño de apenas cuatro años en la provincia de Chubut. Su padre, Luis López, ha expresado su angustia y confusión ante la situación, cuestionando al sistema judicial que permitió que su hijo estuviera bajo la custodia de su madre, Mariela Beatriz Altamirano, quien, junto a su pareja Michel Kevin González, está acusada del homicidio. Luis se pregunta, en un tono desgarrador, por qué su hijo nunca fue escuchado y cómo se permitió que una madre con la que no había un vínculo significativo obtuviera la tenencia del menor.
La historia de Ángel es una crítica a la labor de la Justicia en casos de tenencia y protección infantil. Desde que en noviembre del año pasado el niño comenzó a vivir con su madre, las señales de alarma debieron haberse encendido ante la falta de conexión entre ambos. Como Luis señala, el proceso de revinculación que llevó a cabo el área de Protección no fue más que un mero trámite, donde se le entregó al niño a su madre sin que esta tuviera un conocimiento genuino sobre su vida, sus necesidades o su bienestar. “Se lo dio a la progenitora y ella lo entregó muerto”, sentencia Luis, reflejando el desamparo que sufrió su hijo.
El padre de Ángel considera que el interés de Altamirano por recuperar la tenencia de su hijo fue motivado más por cuestiones económicas que por un genuino deseo de maternidad. Luis relata que ella había regresado de Córdoba, donde se había trasladado cuando Ángel era un bebé, y que su única motivación para solicitar la tenencia fue evitar que le retuvieran parte de su salario para la manutención del niño. “Se quiso hacer la madre, pero solo por plata”, afirma el padre, quien siente que esta situación ha puesto en evidencia la falta de un sistema que priorice el bienestar infantil por encima de intereses personales.
La situación de Ángel en el hogar de su madre es otro punto de preocupación que resalta Luis. Según sus testimonios, el ambiente en el que vivió el niño era precario y carente de las condiciones básicas de higiene y comodidad. La vivienda donde residía Altamirano con González era diminuta y presentaba problemas estructurales, lo que evidenciaba un entorno poco saludable para un niño de su edad. Luis relata que se enteró de que su hijo debía ir solo a un comedor y tenía que lidiar con situaciones que ningún niño de cuatro años debería enfrentar, como usar la misma ropa durante una semana.
La angustia de Luis no solo radica en la pérdida de su hijo, sino también en la impotencia ante el sistema que, a su criterio, falló al no proteger a Ángel. Tras la restitución de la tenencia, fue sometido a una restricción perimetral que le impide acercarse a su hijo, lo que complica aún más su situación. Este aspecto resalta las contradicciones del sistema judicial, que a veces parece priorizar procedimientos burocráticos por encima de la seguridad y bienestar de los menores.
A medida que la investigación avanza, la sociedad se pregunta qué medidas se implementarán para evitar que tragedias como la de Ángel se repitan en el futuro. La historia de este niño no solo es un llamado a la reflexión sobre el estado actual de la protección infantil en Argentina, sino también un poderoso recordatorio de la importancia de escuchar a los niños y de atender sus necesidades antes de tomar decisiones que cambien sus vidas para siempre. La voz de Luis López, su padre, resuena como un eco de la desesperación que siente cualquier padre ante la pérdida de su hijo, y su demanda de justicia será un faro que iluminará la lucha por los derechos de los más vulnerables.
