La consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, defendió la legalidad de las progresiones de grado y de la flexibilización de las condenas mediante el artículo 100.2 del reglamento penitenciario para presos de ETA. “Ojalá pudiéramos evitar el dolor y el sufrimiento que estos delitos han causado, pero desde luego no podemos hacerlo incumpliendo la ley”, sostuvo.
En las cárceles vascas permanecen 107 internos de la organización. Según San José, el 90% de las solicitudes están vinculadas con la “aplicación de normas del Estado de Derecho que hasta hace unos años combatían”. Frente a ese escenario, consideró que “la sociedad tiene que concienciarse” de que los presos finalmente recuperarán la libertad y que el objetivo debe ser que “salgan mejor de lo que han entrado”.
La funcionaria reivindicó la reinserción como “un mandato constitucional y, por lo tanto, un principio básico del derecho penal”. Aclaró que ese principio “no significa impunidad ni olvido, sino cumplimiento de la condena de acuerdo a la ley, responsabilizándose del hecho, con control judicial y con orientación para evitar la reincidencia”.
“No debemos olvidar que quienes están cumpliendo condena van a salir, van a estar en la calle, van a incorporarse a la sociedad y lo deseable es que se reincorporen mejor de lo que han entrado, a ser posible completamente reinsertados, independientemente del delito que cometan”, afirmó San José. Sus declaraciones se producen en medio de las reacciones de algunas asociaciones de víctimas ante las progresiones de grado concedidas a reclusos de ETA.
