La Justicia en Mar del Plata ha tomado una decisión contundente respecto a la creciente problemática de las amenazas en instituciones educativas. A partir de ahora, los progenitores de aquellos estudiantes que realicen amenazas deberán asumir los gastos generados por los operativos policiales y los daños ocasionados. Esta medida, impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello, busca establecer un marco de responsabilidad que involucra directamente a las familias en el comportamiento de sus hijos.
La resolución se produce en un contexto alarmante, donde en la última semana se han reportado múltiples amenazas de tiroteos en diferentes escuelas de la región. Este fenómeno no es aislado, ya que se enmarca en una tendencia que se ha observado en diversas partes del país. Desde la Justicia local aseguran que, hasta el momento, se han registrado al menos diez incidentes similares, lo que ha llevado a la necesidad de una respuesta firme y decidida.
Uno de los casos más relevantes es el de un adolescente de 17 años, quien ha sido imputado por el delito de intimidación pública. Las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva que incluye el análisis del teléfono del menor, con el objetivo de determinar si existe algún vínculo con retos virales o fenómenos de similar naturaleza que puedan estar incidiendo en este tipo de conductas. Esto subraya la complejidad del fenómeno, que no solo involucra a los menores, sino también a un contexto social que puede estar influyendo en su comportamiento.
El fundamento legal detrás de esta decisión se encuentra en el artículo 1754 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que establece la responsabilidad objetiva y solidaria de los padres por las acciones de sus hijos menores de edad. Según este artículo, los padres son responsables de los daños provocados por sus hijos que conviven con ellos. Esta normativa busca no solo sancionar, sino también generar un espacio de reflexión y diálogo dentro de los hogares, apelando a la sensibilidad de las familias ante situaciones de riesgo.
Fernández Garello enfatiza que el objetivo de esta medida es fomentar una comunicación más efectiva entre padres e hijos. El fiscal ha instado a las familias a abordar estos temas en el entorno familiar, señalando que la falta de diálogo puede contribuir a que situaciones como las amenazas en las escuelas se repitan. “Es fundamental que los padres conversen con sus hijos, especialmente durante el fin de semana, para tratar de minimizar el impacto que estos episodios están teniendo en el ciclo escolar”, destacó.
Cabe recordar que en el pasado se implementaron estrategias similares para abordar una ola de amenazas de bomba en las escuelas, las cuales resultaron efectivas en su momento. La experiencia previa sugiere que las medidas de responsabilidad civil pueden tener un impacto disuasorio. En esta ocasión, la inquietud por la situación ha llevado a que se realicen encuentros entre autoridades judiciales, representantes de instituciones educativas y el Obispado, en un esfuerzo conjunto para abordar esta problemática.
A medida que los casos continúan su curso en el sistema judicial, se anticipa que podrían surgir nuevas imputaciones en el corto plazo. Las amenazas de tiroteos en escuelas se han transformado en un fenómeno preocupante que requiere una respuesta institucional rápida y decidida. La implementación de esta nueva normativa podría ser un paso crucial para restablecer la seguridad y la tranquilidad en las aulas, así como para promover una mayor responsabilidad entre las familias y los jóvenes.
