El Gobierno de la República Dominicana ha anunciado que empezará a recibir cada mes a alrededor de treinta migrantes deportados desde Estados Unidos. Esta decisión se enmarca dentro de un acuerdo firmado recientemente entre ambos países, el cual tendrá vigencia por un año. La información fue divulgada por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, durante una conferencia de prensa en Santo Domingo, donde se detallaron las condiciones de esta colaboración.
Álvarez explicó que los deportados serán alojados en la isla caribeña durante un periodo que oscilará entre una semana y quince días. Este acuerdo, que ha suscitado opiniones divididas en el país, implica que el Gobierno de EE.UU. cubrirá todos los costos asociados con estas operaciones. De esta forma, República Dominicana se posiciona como un punto de tránsito para migrantes de terceros países que no han podido regularizar su situación en Estados Unidos.
A pesar de la controversia generada, el Gobierno dominicano ha decidido limitar la acogida a migrantes de países distintos a Haití, así como a menores no acompañados. La intención detrás de esta medida es facilitar el retorno de estas personas a sus países de origen. Sin embargo, el canciller admitió que aún no se ha determinado el lugar exacto donde se albergarán los deportados, aunque aseguró que estarán bajo vigilancia constante. Para ello, las autoridades contarán con el respaldo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El anuncio ha generado críticas desde diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que el acuerdo podría implicar una violación a la soberanía de la nación. En respuesta, Álvarez subrayó que el Gobierno dominicano ha tomado esta decisión de manera soberana, sin haber recibido presiones por parte de Estados Unidos. "Decidimos cuáles solicitudes aceptar y cuáles no, siempre priorizando lo que es conveniente para nuestra soberanía", afirmó el canciller, refiriéndose a la exclusión de ciudadanos haitianos del acuerdo.
La importancia de este acuerdo radica en que se suma a una serie de convenios similares que otros países de la región han establecido con Estados Unidos. Países como Costa Rica, Ecuador y Paraguay han seguido un camino similar en el manejo de la migración irregular. Según Álvarez, los migrantes que llegarán a la República Dominicana no son criminales, sino personas que no lograron ingresar de forma regular a EE.UU. y que no están en el sistema migratorio de ese país.
Por último, el canciller enfatizó que el acuerdo no busca establecer un asentamiento permanente en la República Dominicana, sino que se trata de una operación de tránsito controlado y temporal. Este proceso, según el funcionario, se llevará a cabo bajo estrictos parámetros de soberanía nacional y en el marco de la cooperación internacional. A medida que avanza la implementación de este acuerdo, el Gobierno dominicano buscará equilibrar la necesidad de colaboración con Estados Unidos y el respeto a la soberanía del país.
