Un megaoperativo llevado a cabo por la Prefectura Naval Argentina, en conjunto con el municipio de General Pueyrredon, resultó en el cierre definitivo de la emblemática "Feria de la Bristol" en Mar del Plata. Este procedimiento, realizado el miércoles, derivó en la incautación de más de 8.000 productos, que fueron valorados en más de 500 millones de pesos. La intervención se enmarca en una causa relacionada con la infracción a la Ley de Marcas y se ejecutó con la participación de más de cien efectivos en simultáneo en seis puntos de la ciudad, culminando con la demolición de los puestos comerciales, bajo la supervisión de autoridades judiciales y municipales.
El foco del operativo estuvo en el conocido "Paseo de Compras Bristol", ubicado en el Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y Peatonal San Martín. Durante la acción, se identificó a 91 personas, que incluían propietarios de los puestos, empleados y cuatro miembros de un sindicato que supuestamente administraba la feria. En total, se incautaron 400 bultos de mercadería que incluían ropa, calzado, accesorios, artículos de bazar y productos electrónicos, todos ellos en infracción a la normativa vigente.
Las acciones realizadas en este operativo fueron ordenadas por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia N° 3 de Mar del Plata, dirigido por el juez Santiago Inchausti, y la Fiscalía Federal N° 2, encabezada por Santiago Eyherabide. Todo comenzó a partir de una denuncia formal presentada por el municipio local, la cual llevó a la investigación por parte de la Prefectura, que descubrió una estructura organizada dedicada a la comercialización de productos presuntamente ilegales.
Además del allanamiento principal, se llevaron a cabo procedimientos en tres domicilios adicionales en la ciudad, que incluían locales vinculados al Sindicato de Vendedores Ambulantes, conocido como SIVARA. La investigación judicial sostiene que este sindicato estaba a cargo de la gestión de la feria, recaudando importantes sumas de dinero a cambio de permisos informales para que los puestos pudieran operar.
Durante el desarrollo del operativo, además de la mercadería, fueron secuestrados tres vehículos y más de 12 millones de pesos en efectivo, así como moneda extranjera. También se incautaron elementos vinculados a la actividad comercial irregular, como computadoras y teléfonos móviles. La Justicia Federal considera que el dinero recaudado era manejado por la organización sindical, que operaba a través de transferencias y alias bancarios para movilizar grandes cantidades de dinero, detectándose un movimiento de 15.123.288 pesos destinado al pago de un canon oficial en una sola ocasión.
Las autoridades han documentado que al menos 80 de los 100 puestos activos en el momento del operativo ofrecían productos con logotipos de marcas internacionales, en clara violación de la Ley 22.362 de propiedad intelectual. Parte de esta mercadería era adquirida a través de tours organizados hacia el mercado de La Salada, en el conurbano bonaerense, mientras que otra ingresaba de manera irregular desde Paraguay. En su resolución, el juez Inchausti destacó que las maniobras investigadas revelan una red de comercialización que pone en riesgo tanto la economía local como los derechos de las marcas afectadas.
