En Caracas, la organización no gubernamental Provea ha levantado la voz para exigir que la Asamblea Nacional de Venezuela implemente un proceso claro y transparente en la selección de un nuevo fiscal general y defensor del pueblo. A través de un comunicado en la red social X, la ONG subrayó la importancia de llevar a cabo entrevistas públicas y de establecer mecanismos que permitan a la ciudadanía objetar las candidaturas. Esta solicitud se produce en un contexto donde la falta de pluralidad en el Comité de Postulaciones ha generado preocupación entre los sectores más críticos de la sociedad venezolana, quienes consideran que la actual estructura no representa adecuadamente los intereses de la población.
Provea indicó que, según la Ley del Poder Ciudadano, debería existir una diversidad de representantes que incluya a universidades, organizaciones de la sociedad civil y gremios. Sin embargo, el actual Comité de Postulaciones está dominado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), lo que ha llevado a cuestionar la legitimidad y la imparcialidad del proceso. La ONG manifestó que un proceso de selección que se realice a puertas cerradas no puede resultar en la elección de autoridades legítimas, destacando que tanto el fiscal general como el defensor del pueblo son figuras clave para la ciudadanía y su elección debe reflejar dicha realidad.
La urgencia de esta demanda se ve acentuada por la reciente intervención del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, quien instó a las autoridades venezolanas a asegurar que el proceso de selección de las nuevas autoridades se realice de manera transparente. Ramdin señaló que la elección de funcionarios que ofrezcan garantías de independencia es fundamental para avanzar hacia una reconciliación nacional y una transición democrática en Venezuela. Su postura se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia el gobierno de Nicolás Maduro, especialmente tras la captura del mandatario en enero y las críticas sobre la falta de imparcialidad en los procesos electorales en el país.
El proceso para la designación de un nuevo fiscal y defensor del pueblo se inició a raíz de las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, quienes dejaron sus cargos en febrero. Ambas dimisiones se produjeron en un momento crucial, coincidiendo con la implementación de la Ley de Amnistía que, aunque promete la liberación de presos políticos, ha sido criticada por su limitado alcance y por no abordar adecuadamente la situación de los derechos humanos en Venezuela. Este contexto ha llevado a un aumento en la presión nacional e internacional para garantizar procesos más transparentes y justos en la selección de autoridades clave.
El 27 de marzo, el Parlamento venezolano anunció la recepción de 21 nuevas postulaciones, de las cuales 18 son para el cargo de defensor del pueblo y tres para el de fiscal general. Entre los candidatos se encuentra el periodista Vladimir Villegas, quien es hermano del exministro de Cultura, Ernesto Villegas. Inicialmente, Villegas había manifestado su intención de postularse para el mismo puesto, pero decidió retirarse del proceso. Asimismo, la lista también incluye a la exdiputada opositora Marialbert Barrios, lo que refleja un notable interés y una participación activa de diversas figuras en este proceso.
En total, para el cargo de defensor del pueblo se han presentado 78 postulaciones, mientras que para la Fiscalía General hay 76 candidaturas. Este panorama evidencia la diversidad de intereses que se encuentran en juego, así como la relevancia de garantizar que el proceso de selección sea accesible y abierto a la crítica. La situación actual plantea un desafío significativo para el gobierno de Maduro en su intento de legitimar las nuevas designaciones, en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es palpable y donde la ciudadanía exige un mayor protagonismo en la toma de decisiones que afectan su vida diaria.
