La figura del "trapito" o "cuidacoches" se ha arraigado en el paisaje urbano argentino, generando un constante debate sobre su legalidad y el impacto que su actividad tiene en la convivencia ciudadana. Esta problemática se ha intensificado con la reciente aprobación de la Ley Antitrapitos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que busca endurecer las sanciones contra estas prácticas. Sin embargo, el enfoque sobre este tema varía entre distintas provincias y ciudades, lo que plantea preguntas sobre la eficacia y la uniformidad de las regulaciones en el país.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente la Ley 6961, diseñada para endurecer las penas y sanciones destinadas a los cuidacoches y limpiavidrios que operan en la vía pública. Esta legislación, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y el partido La Libertad Avanza, incluye multas que pueden superar los 6 millones de pesos y penas de hasta dos meses de prisión. La medida se toma en respuesta a un preocupante aumento de contravenciones vinculadas a estas actividades, registrándose más de 13.000 infracciones en el último año.
Una de las características más significativas de esta nueva normativa es la posibilidad de detención efectiva de quienes realicen estas actividades de manera ilegal. Las sanciones varían según la gravedad del delito: se estipulan de 10 a 30 días de arresto para cuidacoches no autorizados y de 20 a 50 días para aquellos que actúan en eventos masivos organizados. Además, aquellos que lideran redes de cuidacoches enfrentan penas de hasta 60 días de prisión, y las sanciones se duplican en casos donde se constate violencia o intimidación.
En un contexto más amplio, las multas se han incrementado considerablemente, pasando de un mínimo de 50.000 pesos a cifras que alcanzan más de 6,6 millones. La nueva ley también establece días de trabajo comunitario como parte de las sanciones y contempla la inhabilitación para el acceso a beneficios sociales en caso de reincidencia. Con esta reforma, se busca no solo desincentivar la actividad de los "trapitos", sino también fortalecer las herramientas del cuerpo policial para abordar infracciones de manera inmediata.
Por su parte, la provincia de Córdoba también ha tomado medidas enérgicas al promulgar la Ley 11.117, que prohíbe la actividad de cuidacoches, conocidos localmente como "naranjitas", así como limpiavidrios no autorizados. Esta legislación, que modifica el Código de Convivencia provincial, establece penas de arresto de hasta seis días para quienes exijan dinero por estacionamiento sin autorización y de tres días para quienes cobren tarifas superiores a las oficiales o trabajen en zonas no habilitadas. La normativa cordobesa, publicada en el Boletín Oficial, comenzará a regir en un plazo de treinta días.
La implementación de estas regulaciones y sanciones plantea un desafío tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Si bien se busca garantizar un espacio público ordenado y seguro, también es crucial considerar las realidades socioeconómicas que llevan a muchas personas a involucrarse en estas actividades. La falta de oportunidades laborales y el contexto de pobreza en ciertas áreas pueden estar detrás del fenómeno de los "trapitos", lo que sugiere que un enfoque puramente punitivo podría no ser suficiente para abordar el problema de forma integral.
En conclusión, el abordaje legislativo sobre la figura del "trapito" en Argentina se encuentra en un momento crítico, con iniciativas que varían significativamente entre diferentes jurisdicciones. La necesidad de un marco normativo más uniforme y eficaz es evidente, al igual que la urgencia de políticas que vayan más allá de la represión y consideren las causas subyacentes de esta situación. A medida que estas leyes comienzan a implementarse, será crucial monitorear sus efectos en la convivencia urbana y en la vida de quienes dependen de estas actividades para su sustento.
