La reciente decisión de la Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ha resaltado un caso que pone en el centro del debate la seguridad en actividades deportivas y educativas. El tribunal resolvió un pedido de indemnización tras un accidente ocurrido durante una clase de natación en un club de la Ciudad de Buenos Aires, donde un joven sufrió un grave golpe en la cabeza al caer en la pileta. Este incidente, que tuvo lugar en octubre de 2007, ha generado una discusión sobre la responsabilidad en la organización de actividades que involucran riesgos físicos.
El accidente se produjo mientras el joven, que en ese momento contaba con 23 años, participaba de un ejercicio práctico destinado a enseñar técnicas de zambullida. Según los detalles del expediente, el instructor había diseñado una actividad en la que los alumnos debían deslizarse sobre una colchoneta dispuesta en el borde de la parte profunda de la piscina. La dinámica requería que los estudiantes se lanzaran de cabeza al agua, primero boca abajo y luego boca arriba, pero fue en esta última fase donde ocurrió el desafortunado evento que resultó en una lesión severa.
Durante el ejercicio, dos compañeros de clase elevaron la colchoneta, lo que provocó que el reclamante cayera de lleno en el agua. Sin embargo, en lugar de ingresar de manera segura, su cabeza impactó contra un borde sobresaliente de la piscina, diseñado para que los usuarios apoyaran los pies. Este borde, que sobresalía aproximadamente diez centímetros y estaba pintado de rojo, resultó ser un obstáculo peligroso que no había sido adecuadamente señalado ni prevenido por el personal a cargo. Como resultado del golpe, el joven sufrió una pérdida de orientación y requirió asistencia inmediata para salir del agua, siendo posteriormente trasladado en ambulancia a un centro médico donde recibió atención y tratamiento.
El joven afectado atribuyó su accidente a una gestión inadecuada de la clase y a la falta de supervisión por parte del docente, lo que lo llevó a presentar una solicitud de indemnización por los daños ocasionados. Las lesiones que sufrió fueron significativas, dejando cicatrices visibles en su frente y párpado, lo que impactó no solo en su salud física, sino también en su bienestar emocional. Por ello, la demanda se dirigió tanto al profesor encargado como al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien es responsable de la seguridad en las instalaciones educativas y deportivas.
El profesor, al ser notificado sobre la demanda, reconoció su rol en la clase, pero argumentó que los ejercicios eran adecuados para las habilidades de los alumnos y que no presentaban un riesgo excepcional. Según su versión, el accidente se debió a un error del propio reclamante al no seguir correctamente las instrucciones de zambullida, lo que complicó su defensa. Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad rechazó cualquier responsabilidad en el incidente y solicitó el desestimiento de la demanda, alegando que el accidente no era atribuible a fallas en la supervisión o en las instalaciones.
En primera instancia, el tribunal falló a favor del joven reclamante, condenando de manera solidaria al profesor y al Gobierno de la Ciudad, lo que subraya la importancia de la responsabilidad compartida en situaciones donde la seguridad de los participantes puede estar en riesgo. Este caso no solo destaca las vulnerabilidades inherentes a las actividades físicas educativas, sino que también invita a reflexionar sobre la necesidad de protocolos más estrictos y efectivos que garanticen la seguridad de todos los involucrados en estas prácticas. La resolución del conflicto deja abierta la posibilidad de que se implementen mejores regulaciones para prevenir accidentes similares en el futuro, un aspecto fundamental para la integridad de los alumnos en entornos educativos y recreativos.
