La justicia salteña ha tomado una decisión contundente al imputar a un hombre de 32 años por su presunta responsabilidad en la provocación de incendios intencionales que consumieron más de 200 hectáreas de bosque nativo y pastizales en Cafayate, una localidad situada en el suroeste de la provincia. Las acusaciones han sido formalizadas por el auxiliar fiscal Juan Pablo Miralpeix, quien representa a la Fiscalía Penal de Cafayate. El imputado enfrenta cargos por violar el artículo 186 del Código Penal argentino, el cual se refiere a los delitos de incendio doloso, en un contexto de concurso real de hechos delictivos.

Los incendios que se investigan ocurrieron en dos fechas específicas: el 13 de mayo y el 7 de junio de 2026, en un área correspondiente a la matrícula catastral N.º 6524, que pertenece a la empresa Finca El Monte S.A., ubicada cerca del Aeródromo Gilberto Lavaque. En ambas ocasiones, la situación demandó la intervención de Bomberos Voluntarios, Brigadistas Forestales y la colaboración de la Policía provincial, así como la ayuda de vecinos, quienes dedicaron varias horas a combatir las llamas y evitar que se propagaran a otras zonas del predio.

La magnitud de la tragedia ambiental ha llevado al Concejo Deliberante de Cafayate a declarar el Estado de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en toda la jurisdicción, una medida que se mantendrá vigente durante un plazo de 18 meses. Esta decisión se tomó tras una denuncia presentada por la intendenta Rita Guevara, quien ha estado al tanto de la situación y ha impulsado las investigaciones para deslindar responsabilidades. Desde entonces, la fiscalía ha enfocado sus esfuerzos en determinar si los incendios fueron resultado de acciones deliberadas, negligencia o causas naturales.

La hipótesis de la fiscalía ha sido respaldada por un conjunto de pruebas que apuntan a la autoría del acusado en ambos incidentes. Se han recopilado diversas evidencias, que incluyen denuncias de testigos, declaraciones testimoniales y análisis de la División Brigada de Investigaciones N.º 6. Asimismo, se han realizado relevamientos en el terreno afectado, se han obtenido registros audiovisuales, y se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis de telefonía celular, con georreferenciación de dispositivos móviles y rastreo del vehículo que el imputado solía utilizar.

Investigaciones adicionales han revelado que el acusado frecuentaba la zona donde se produjeron los incendios para realizar extracción de leña, lo que sugiere un conocimiento profundo de los caminos internos del terreno. Además, ha habido informes de conflictos relacionados con el uso de esas tierras. Testigos han indicado que el imputado, en ocasiones, reconoció su participación en el incendio de mayo y expresó su intención de provocar otro en la misma área, lo que ha llevado a la fiscalía a considerar su conducta como altamente sospechosa.

La fiscal Sandra Rojas, quien ha supervisado de cerca las acciones en el terreno y ha recorrido la zona afectada junto a la intendenta Guevara y autoridades de Defensa Civil, ha calificado las pérdidas ambientales como “impactantes” y “muy difíciles de dimensionar”. En sus declaraciones, Rojas advirtió que incluso semanas después del inicio del primer incendio, aún había brasas latentes bajo las cenizas, lo que resalta la gravedad de la situación. Durante la audiencia, la Fiscalía ha solicitado la prisión preventiva del imputado, señalando que este cuenta con una condena de ejecución condicional impuesta en octubre de 2025, lo que genera riesgos procesales que deben ser considerados con seriedad.