El caso del empresario uruguayo Pablo Carrasco, actualmente bajo custodia judicial mientras enfrenta un juicio por presunta estafa y lavado de activos, ha cobrado un nuevo giro. Sus hijos han decidido presentar una solicitud ante la Justicia para que se levanten los embargos que pesan sobre sus cuentas y bienes, argumentando que se ven imposibilitados de cubrir gastos cotidianos. La situación se vuelve aún más compleja en el marco de la crisis provocada por Conexión Ganadera, un fondo de inversión que ha dejado a alrededor de 4.000 ahorristas en la incertidumbre tras descubrirse que operaba como un esquema Ponzi.
Conexión Ganadera prometía a sus inversores una rentabilidad fija de al menos un 7% anual, atrayendo capital de manera masiva. Sin embargo, la realidad se tornó sombría un año atrás, cuando la empresa admitió su incapacidad para cumplir con los pagos prometidos, revelando un desbalance financiero que culminó en la quiebra. Este escándalo ha puesto en la mira a los directores de la compañía, entre ellos Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, esposa de Gustavo Basso, otro de los directores que se suicidó trágicamente antes de que se hicieran públicos los problemas económicos de la firma.
En el ámbito judicial, Carrasco y su familia han presentado solicitudes para que se levanten los embargos impuestos a sus bienes, en un intento de recuperar un mínimo de estabilidad financiera. Los hijos del empresario, quienes se han presentado ante la Justicia en calidad de accionistas de la sociedad anónima Muralir, argumentan que los embargos no solo les afectan en su vida diaria, sino que también les impiden llevar a cabo sus actividades como jóvenes profesionales o estudiantes.
La defensa de Carrasco ha argumentado que, aunque él pudo haber actuado con negligencia, no tenía control directo sobre las operaciones financieras de Conexión Ganadera. En su declaración, sostiene que las decisiones eran tomadas por personas asociadas a un escritorio rural vinculado a Basso, lo que lo exime de responsabilidad directa. Además, mencionó que tras el fallecimiento de Basso, se continuaron utilizando cuentas personales de allegados para evitar las restricciones legales sobre las cuentas de la empresa.
En un escrito presentado a la Justicia, Carrasco reconoció el impacto devastador que la situación ha tenido en muchas familias, asumiendo la responsabilidad por su parte en la crisis. Sin embargo, sus hijos Guadalupe y Baltasar, al igual que sus hermanos, han insistido en que ellos no tuvieron participación ni en la administración ni en las decisiones de Conexión Ganadera, y que, por lo tanto, no deberían sufrir las consecuencias de las acciones de su padre.
El embargo que pesa sobre la familia asciende a la alarmante suma de 250 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud de las pérdidas sufridas por los inversores. En este contexto, los hijos de Carrasco han solicitado que se revisen las circunstancias que llevaron a esta situación, subrayando que ni siquiera los inversores más experimentados pudieron prever la insolvencia de la empresa. Así, la familia Carrasco busca recuperar un poco de normalidad en medio de un escándalo que ha dejado un rastro de desconfianza y dolor en el sector financiero uruguayo.
