Caracas, 26 abr (Redacción Medios Digitales) - En un emotivo llamado a la justicia, los padres de Juan Pablo Pernalete, un joven de 20 años que perdió la vida durante las protestas antigubernamentales en Venezuela en 2017, han solicitado formalmente a la Fiscalía del país que reabra la investigación sobre su caso. Esta petición se produce en el noveno aniversario de su muerte, un hecho que aún resuena en la memoria colectiva de quienes luchan por la verdad y la justicia en un contexto de impunidad.
Elvira y José Gregorio Pernalete, los progenitores del joven, expresaron su demanda a través de un video divulgado en la plataforma X por la ONG Provea. En el mensaje, los padres apelaron a Larry Devoe, el nuevo fiscal general, instándolo a actuar con imparcialidad y a reexaminar no solo el caso de su hijo, sino también el de las otras víctimas que perdieron la vida en el marco de las protestas de 2017. Esta movilización familiar refleja un reclamo más amplio de la sociedad venezolana por justicia, en un país donde los crímenes de Estado han quedado en la penumbra.
El trágico suceso que le costó la vida a Juan Pablo tuvo lugar en un contexto de agitación social, donde la represión gubernamental a las manifestaciones se intensificó. Su muerte, a causa del impacto de una bomba lacrimógena disparada directamente a su pecho, fue inicialmente rodeada de confusiones y desinformación por parte del Estado venezolano, que llegó a culpar a sus compañeros de manifestación de su deceso. Este tipo de declaraciones no solo hirieron a la familia, sino que también sembraron desconfianza en las instituciones encargadas de la justicia.
Cuatro años después del fallecimiento de Pernalete, en 2021, la Fiscalía, bajo la dirección de Tarek William Saab, finalmente admitió que un miembro de la Guardia Nacional fue el responsable del disparo que ocasionó la muerte del joven. Sin embargo, esta revelación no vino acompañada de disculpas ni de medidas de reparación adecuadas, lo que alimenta la percepción de impunidad y desamparo en las familias de las víctimas. La sensación de abandono por parte del sistema judicial se acentúa cuando se considera que solo una persona ha sido detenida en relación con el caso, lo que pone en tela de juicio la efectividad de las investigaciones realizadas hasta el momento.
Además, los padres de Juan Pablo han hecho un llamado a Eglée González Lobato, la nueva defensora del Pueblo, para que apoye sus esfuerzos por obtener justicia. En su declaración, subrayaron que el mandato de la defensora implica una obligación de actuar contra la impunidad, un principio que es fundamental en un estado de derecho. La lucha de los Pernalete no es solo por su hijo, sino también por todos los afectados por la violencia del Estado durante esas jornadas de protesta.
La Alianza de Familiares y Víctimas de 2017, un colectivo que busca verdad y justicia, respalda la demanda de los Pernalete, lo que demuestra que el clamor por justicia no se limita a un solo caso, sino que es un grito colectivo que resuena en toda la nación. Este grupo representa a numerosas familias que han sufrido la pérdida de seres queridos en circunstancias similares, y su activismo se ha vuelto esencial en la búsqueda de justicia y la memoria de los caídos.
Las protestas de 2017, que se desataron en respuesta a decisiones judiciales que recortaban las competencias del Parlamento, resultaron en más de 120 muertes y condenas internacionales hacia el régimen venezolano. La historia de Juan Pablo Pernalete y de otros jóvenes que perdieron la vida en esas manifestaciones se ha convertido en un símbolo de resistencia para muchos venezolanos que anhelan un cambio en un país marcado por la crisis y la represión. En este contexto, la demanda de justicia no es solo un acto personal, sino un compromiso con la memoria y el futuro de Venezuela.
