Hace dos décadas, tras una fuerte controversia, comenzó a aplicarse la ley de Educación Sexual Integral (ESI), que reconoce a los estudiantes de los tres niveles educativos el derecho a recibir información actualizada y científicamente validada sobre sexualidad. La norma apunta a promover el cuidado del cuerpo, prevenir abusos y reducir los embarazos no deseados.
Desde entonces, las currículas incorporaron contenidos obligatorios sobre biología y anatomía, respeto por la diversidad sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Estos temas no requieren autorización de los adultos responsables para ser abordados en las escuelas, según el enfoque establecido por la legislación.
Con la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, impulsada por movimientos feministas y aprobada en 2018, se sumaron la perspectiva de género, los derechos sexuales y reproductivos y el análisis de los estereotipos de género. Esos lineamientos, que no formaban parte de la propuesta inicial, generaron nuevas objeciones entre sectores que consideran que algunos contenidos llevan a los chicos a hacerse preguntas antes de tiempo y que ciertos debates deberían desarrollarse en el ámbito familiar.
En ese marco, la asociación Padres Unidos Argentina inició una campaña “contra la ideología de género en la escuela”. La organización cuestiona que estos conceptos se presenten desde edades tempranas, sin respetar los tiempos de cada estudiante y sin una mirada integral que, a su entender, esté desprovista de contenido ideológico. El debate vuelve a poner bajo discusión los alcances y la implementación de la ESI en las instituciones educativas.
