El Ministerio de Seguridad de la Nación ha anunciado una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los ocho fugitivos involucrados en una organización dedicada al tráfico internacional de armas. Esta medida se formalizó a través de la resolución 462/2026, publicada recientemente en el Boletín Oficial, a solicitud del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, cuyo titular es el juez Marcelo Fabián Garnica. La decisión se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por desmantelar redes criminales que operan en el país y que representan una seria amenaza para la seguridad pública.
Desde mayo de 2024, estos individuos, de nacionalidad chilena y argentina, han permanecido en fuga, lo que ha llevado a las autoridades a intensificar su búsqueda. Los acusados forman parte de la causa FMZ 16664/2021/7, que investiga su participación en una trama de tráfico internacional de armas, con diferentes grados de implicación para cada uno. Las órdenes de captura nacionales fueron emitidas el 22 de mayo de 2024, mientras que las internacionales fueron activadas en agosto de 2025, evidenciando la gravedad de los delitos que se les imputan.
Entre los fugitivos chilenos se encuentran Franco Simón Basaez Vílchez, conocido como “El Javi”, y Lisandro Eduardo Basaez Morales, apodado “El enano petiso”. Ambos comparten características físicas similares, lo que podría complicar su identificación. Además, Kevin Matías Sandoval González, Yoel Ignacio Beaumont Sandoval y Aldana Matilde Glaria Orellana, esta última con DNI argentino, también son parte del grupo buscado. Por otro lado, los ciudadanos argentinos en la lista incluyen a Carlos Damián Algañaraz, alias “El Porteño”, Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón, quien se distingue por un lunar en la frente, lo que podría facilitar su reconocimiento.
La recompensa ofrecida tiene como objetivo incentivar a la ciudadanía a colaborar con información valiosa que conduzca a la captura de estos prófugos. Es importante destacar que solo se recompensará a quienes no tengan ninguna relación con los delitos cometidos. La legislación pertinente, enmarcada en la Ley N° 22.415, contempla severas sanciones para quienes participen en actividades delictivas asociadas al tráfico de armas, un problema que preocupa a las autoridades tanto a nivel nacional como internacional.
Las personas que dispongan de información útil pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas a través de la línea gratuita 134, que es administrada por la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. La resolución firmada por la ministra Alejandra Monteoliva también instruye a las fuerzas policiales y de seguridad federales a difundir los afiches de búsqueda en todas sus plataformas, además de encargar a la Dirección de Comunicación Institucional que publique la medida en medios de comunicación de alcance nacional.
Este anuncio se produce en un contexto en el que el Juzgado Federal de Campana, bajo la dirección del juez Adrián González Charvay, ha procesado a once personas que supuestamente integraban una organización que desvió al menos 742 armas de fuego hacia circuitos ilegales entre 2022 y 2026. La investigación comenzó a raíz de una denuncia y ha puesto de manifiesto la complejidad de las redes de tráfico que operan en el país, así como la urgente necesidad de medidas más contundentes para combatir este fenómeno delictivo que amenaza la seguridad ciudadana.
