El alcalde de Riba-roja, Roberto Raga, declaró ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que el municipio recomendó a las empresas cerrar sus puertas a las 15 de ese día por el riesgo de inundaciones. También sostuvo que los vecinos habían sido advertidos sobre la situación desde la mañana. La riada dejó 232 víctimas mortales en la provincia de Valencia.
Raga, del PSPV, compareció como testigo en una causa en la que están investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. Según su declaración, el Ayuntamiento había convocado el Cecopal el día anterior al temporal y comenzó a tomar medidas preventivas.
El alcalde señaló que la principal preocupación estaba puesta en el área industrial, por su actividad logística y la circulación de numerosos vehículos. “Pusimos todos los servicios a disposición de lo que podía pasar, aumentamos dispositivos”, afirmó durante su testimonio.
A las 12 del 29 de octubre, el municipio recibió un aviso del 112 sobre la proximidad de un temporal. Cincuenta minutos después, envió una comunicación a Emergencias debido a que comenzaba a inundarse Pozalet. Además, pidió a los vecinos que no estacionaran cerca de los barrancos y difundió información mediante las redes sociales.
Entre las 13 y las 14, el Ayuntamiento también comunicó la situación a las empresas situadas cerca del barranco del Poyo. Raga indicó que a las 15 recomendaron el cierre de las compañías y que a las 17 supieron que l
