En un hecho que resalta la crítica situación que atraviesan los institutos de menores en Argentina, una madre fue interceptada mientras intentaba ingresar drogas al Instituto Cura Brochero, ubicado dentro del complejo penitenciario de Benjamín Paz, Tucumán. Este incidente ocurrió apenas días después de que los jóvenes del mismo establecimiento protagonizaran un motín exigiendo el suministro de estupefacientes. La situación plantea serias interrogantes sobre el manejo de las adicciones en estos entornos y la capacidad de las autoridades para contener la problemática.
La intervención de las fuerzas de seguridad se produjo en el marco de un control rutinario realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) antes de las visitas familiares. Durante el operativo, un perro adiestrado detectó la presencia de sustancias prohibidas en la camioneta que transportaba a los visitantes. A raíz de esto, se intensificaron las revisiones, enfocándose en la madre de uno de los adolescentes alojados en el instituto, quien finalmente fue encontrada en posesión de marihuana.
El ministro de Desarrollo Social de Tucumán, Federico Masso, defendió la rigurosidad de los procedimientos de seguridad implementados en el instituto, asegurando que no se permitirán ingresos de sustancias ilegales. Masso expresó su firme compromiso de mantener esta política, afirmando: “No nos van a doblegar en la decisión de que la droga no ingrese al Instituto Cura Brochero”. Esta declaración resalta la determinación del gobierno provincial en la lucha contra el narcotráfico, aunque también pone de manifiesto la complejidad de abordar el problema de las adicciones en jóvenes vulnerables.
El contexto se torna aún más alarmante cuando se considera que el motín que tuvo lugar el domingo anterior fue desencadenado por la falta de acceso a drogas. En esa ocasión, un grupo de adolescentes redujo a un celador con un arma blanca, manteniéndolo cautivo. Las autoridades se vieron obligadas a solicitar refuerzos del Servicio Penitenciario y de la Policía para controlar la situación, que se prolongó por más de cinco horas, dejando a su paso daños materiales significativos en el establecimiento.
“Todo el problema se inició porque no dejamos que las drogas llegaran a su poder”, afirmó Masso, quien también indicó que las exigencias de los jóvenes para recibir sustancias prohibidas han sido recurrentes. Este tipo de incidentes pone de relieve la falta de recursos y la necesidad de una intervención más integral para abordar los problemas de adicción que enfrentan muchos de los internos. La respuesta del sistema penal juvenil se encuentra en tela de juicio, especialmente en un contexto donde se espera que se respeten los derechos de los jóvenes mientras se garantiza su seguridad y rehabilitación.
A pesar de la intervención de organismos de derechos humanos que habían verificado las condiciones del instituto, la reciente revuelta y el intento de ingreso de drogas sugieren que las medidas actuales son insuficientes. Masso enfatizó que se tomarán acciones legales contra aquellos involucrados en el ingreso de sustancias ilícitas y que se buscará hacer responsables a quienes intenten poner en riesgo la integridad del establecimiento. La situación del Instituto Cura Brochero, que lleva apenas tres meses de funcionamiento, demanda una atención urgente y soluciones efectivas para evitar que estos episodios se repitan en el futuro.
