Un operativo llevado a cabo por la Policía Federal Argentina (PFA) ha resultado en el desmantelamiento de una distribuidora clandestina que se dedicaba a la adulteración de fechas de vencimiento en productos alimenticios. Este procedimiento se realizó en el barrio Los Cardos, en Los Cardales, situado en el partido de Exaltación de la Cruz. La intervención se concretó bajo la supervisión del juez federal Adrián González Charvay, quien autorizó la incautación de un considerable lote de alimentos, incluyendo carnes, embutidos y diversas bebidas, que habían sido manipulados para parecer aptos para el consumo humano.

Durante el operativo, las autoridades detuvieron a un hombre de 62 años, de nacionalidad argentina, quien es presunto propietario del establecimiento. Este individuo quedó a disposición del Juzgado Federal de Campana, enfrentando cargos por violar la ley 26.524, que establece sanciones para la adulteración y envenenamiento de alimentos. La captura de este sospechoso subraya la gravedad de las acciones llevadas a cabo por esta red, que ponía en peligro la salud pública al vender productos no aptos para el consumo.

Uno de los hallazgos más significativos del operativo fue la incautación de maquinaria de impresión y grabado láser, que se utilizaba para alterar las etiquetas y fechas de caducidad de los productos. Este descubrimiento fue crucial para demostrar que las actividades de la distribuidora eran sistemáticas y bien planificadas. Además, se confiscó una camioneta que se utilizaba para la distribución de estos productos ilegales, así como documentación relevante para las investigaciones en curso.

La pesquisa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en octubre de 2022, que alertaba sobre la actividad sospechosa en el local. Sin embargo, no fue hasta el 6 de marzo de 2023 que la División Delitos contra la Salud Pública pudo confirmar la actividad ilegal. Los investigadores encontraron que la distribuidora adquiría alimentos que estaban próximos a vencer o ya vencidos, como cervezas, embutidos y pescados envasados al vacío, y manipulaban las fechas de caducidad para revenderlos como productos frescos y seguros.

En el momento del allanamiento, que tuvo lugar en la intersección de Gran Alameda y El Descanso, los agentes de la PFA se encontraron con productos en condiciones de deterioro evidente, muchos de los cuales ya habían superado su fecha de vencimiento. Gracias a la colaboración de organismos como el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz, se pudo certificar el estado de los productos y el nivel de adulteración al que habían sido sometidos.

Los investigadores advirtieron que la circulación de estos alimentos adulterados representaba un grave riesgo para la salud de los consumidores, ya que podían causar intoxicaciones y otros problemas de salud serios. Este factor ha llevado a que las imputaciones en contra de los responsables sean aún más severas, dado que la ley argentina contempla la manipulación de fechas de vencimiento como un delito grave, especialmente cuando la cantidad de alimentos en cuestión puede afectar la salud pública a gran escala.

Este caso resalta la importancia de la vigilancia y control en la distribución de alimentos, así como la necesidad de mantener una constante alerta ante prácticas ilegales que amenazan la seguridad alimentaria de la población. El éxito de este operativo es un ejemplo de la acción efectiva de las autoridades ante la creciente preocupación por la adulteración de productos alimenticios y la protección de la salud pública.