En un operativo de gran envergadura, las autoridades federales lograron desmantelar una red de explotación sexual de mujeres y menores de edad en la ciudad de Salta. La intervención, llevada a cabo por Gendarmería Nacional bajo la supervisión de un fiscal especializado en delitos complejos, tuvo lugar en un conjunto de departamentos ocultos en la avenida Artigas, donde se sospechaba que se desarrollaban actividades ilícitas relacionadas con la trata de personas.
El operativo se realizó en la tarde del miércoles y fue el resultado de una investigación que había mantenido un bajo perfil hasta su ejecución. Los efectivos de Gendarmería, acompañados por un camión laboratorio y un equipo de rescate femenino, llevaron a cabo varios allanamientos en el área, donde se encontraron departamentos casi invisibles desde la vía pública. Este tipo de estructuras clandestinas suelen utilizarse para evadir la detección y perpetuar la explotación sexual en un contexto de total impunidad.
Si bien aún no se han dado a conocer detalles específicos sobre el número de víctimas rescatadas o los elementos recopilados durante los allanamientos, se ha informado que el caso ha sido traspasado a la jurisdicción federal, dado su alcance y complejidad. La investigación se centra en la explotación sexual, tanto de mujeres adultas como de menores, lo que resalta la gravedad del fenómeno de la trata de personas en la región.
Este operativo no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una serie de acciones más amplias promovidas por la Justicia Federal para erradicar la trata de personas y los delitos conexos. Según datos de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), anualmente se desmantelan diversas redes operativas en varias provincias, que aprovechan la vulnerabilidad de mujeres, adolescentes y niñas, muchas de las cuales son engañadas con promesas de empleo y una vida mejor.
La Ley 26.364, vigente desde 2008 y sujeta a modificaciones posteriores, establece un marco legal para la prevención, sanción y asistencia integral a las víctimas de trata. Esta normativa reconoce que la captación, transporte y explotación de personas con fines sexuales constituye un delito federal, lo que permite la intervención de fuerzas de seguridad y fiscalías especializadas. Además, diversas organizaciones y organismos gubernamentales han diseñado protocolos específicos para el rescate y la protección de quienes logran escapar de estas redes de explotación.
Un caso reciente que ilustra la persistencia de este problema es el procesamiento de nueve hombres en marzo de 2026, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, incluidas dos menores, en un prostíbulo encubierto en el barrio de Recoleta. Este caso, que fue investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, puso de manifiesto que estas redes operan bajo la apariencia de negocios legítimos, lo que complica aún más su detección y desarticulación. La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima recibida a través de la línea nacional 145, lo que demuestra la importancia de la participación ciudadana en la lucha contra la trata de personas.
El reciente operativo en Salta es un indicativo del compromiso de las autoridades en la lucha contra este flagelo social que afecta a tantas personas, y subraya la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas de prevención y asistencia a las víctimas. La visibilidad y el tratamiento adecuado de estos casos son esenciales para generar conciencia y fomentar acciones efectivas que contribuyan a erradicar la trata de personas en todas sus formas.
