El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo del juez Federico Calvete, declaró reservadas las actuaciones iniciadas para obtener información pública vinculada con la intervención del puerto de Ushuaia. La decisión restringió el acceso a un expediente cuyo objetivo era reclamar datos que el Estado se había negado a entregar.
El amparo fue presentado después de solicitar información sobre designaciones, remuneraciones, contrataciones y movimientos de fondos correspondientes a la intervención ejercida por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) en la administración del puerto. Durante el trámite judicial, el organismo entregó parte de la documentación al juzgado, pero pidió que esos materiales permanecieran bajo reserva con el argumento de que contenían datos personales.
El magistrado hizo lugar al planteo y, a partir de esa resolución, el expediente dejó de estar disponible para la consulta pública. El caso plantea una tensión entre la reserva judicial y el principio de publicidad cuando están involucrados recursos públicos, contrataciones y remuneraciones de funcionarios. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su preocupación y sostuvo que la medida se aparta de los estándares vigentes en materia de acceso a la información. También señaló que las remuneraciones de los funcionarios públicos no constituyen datos sensibles.
