Las defensas de los acusados en el conocido 'caso ataúdes' han solicitado la nulidad del procedimiento judicial, argumentando que la policía realizó acciones irregulares que comprometen el derecho a la intimidad de los implicados. Durante la primera audiencia, se destacó el uso de registros bancarios y la investigación sobre las cuentas de los acusados por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entre 2001 y 2018, lo cual, según los abogados, carece de justificación temporal y afecta la validez del proceso.

El caso, que comenzó en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, involucra a veintitrés personas, incluidos responsables y empleados del grupo funerario El Salvador, así como a dos empresas en calidad de posibles responsables civiles. Los defensores argumentaron que la investigación previa, realizada por la Policía Nacional, vulneró derechos fundamentales, lo que llevó a solicitar tanto la nulidad del procedimiento como el sobreseimiento de la causa.

En el trascurso de la audiencia, se destacó que las actuaciones de la policía fueron consideradas como un “hurto” de la investigación del juzgado, que originalmente trataba un caso de extorsión. Se acusó a los procesados de participar en un esquema que reemplazaba ataúdes de mayor calidad por otros inferiores antes de la cremación. La defensa también criticó la falta de entrega de documentos cruciales al juzgado, lo que, según ellos, compromete los derechos procesales del denunciante, quien no fue informado adecuadamente de que su caso estaba vinculado a otra causa.

La denuncia que originó esta investigación se remonta a 2017, cuando Ignacio Morchón Vaquero, gerente de Parque El Salvador, denunció a un ex empleado por extorsión. Durante esta investigación, se alegó que la policía recolectó evidencia en el domicilio del ex trabajador, pero no la presentó ante el juzgado, lo que generó mayores cuestionamientos sobre la legalidad del proceso.