El 23 de marzo de 1976, la tensión política en Argentina alcanzaba un punto crítico, con un clima de incertidumbre que afectaba a todos los sectores, especialmente al sindicalismo. Los líderes gremiales se mostraban desconcertados, sin claridad sobre las discusiones que se llevaban a cabo en la Casa Rosada entre la presidenta Isabel Perón y su gabinete. La situación se tornaba aún más alarmante ante la inusitada presencia de fuerzas del Ejército y la Armada en las calles de la capital, lo que hacía temer un inminente golpe militar.

El temor se apoderó de los dirigentes sindicales, quienes coincidieron en que la advertencia de Lorenzo Miguel, emblemático líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y figura clave de las 62 Organizaciones, era acertada. Miguel había anticipado que un golpe de Estado era inminente, una afirmación que resonaba en un contexto de creciente inestabilidad política y económica. En este marco, la falta de información y la confusión reinante entre los líderes sindicales hacían que sus decisiones se tornaran aún más complicadas, mientras el país se precipitaba hacia un cambio drástico en su estructura de poder.

En medio de este clima de desasosiego, Casildo Herreras, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), decidió abandonar Buenos Aires. Su viaje a Montevideo, donde participaría de una reunión con la AFL-CIO, se justificaba como un acto de cooperación internacional, aunque muchos lo interpretaron como un intento de escapar de la convulsa situación del país. Al día siguiente, una delegación del consejo directivo de la CGT se sumó a Herreras, dejando a la central obrera sin liderazgo en un momento crucial.

La CGT, históricamente considerada como el pilar del movimiento obrero argentino, se encontraba en una situación de debilidad. Adalberto Wilmer, del sindicato de Luz y Fuerza, asumió el mando interinamente, pero su autoridad era cuestionada debido a la ausencia de los principales líderes. Los pronósticos sobre un posible golpe de Estado generaban desconfianza en las decisiones que pudiera tomar la central, que ya se percibía como carente de legitimidad y peso en un escenario tan complejo.

Por su parte, otros dirigentes sindicales optaron por abandonar la ciudad, alegando razones de seguridad. Este éxodo reflejaba el estado de alarma que se vivía en el país, donde la percepción de un futuro incierto comenzaba a hacerse palpable. El desplazamiento de los líderes hacia el interior del país evidenciaba una falta de confianza en la capacidad del gobierno para manejar la crisis, así como un intento desesperado por proteger a sus familias en un contexto de creciente violencia política.

En el ámbito legislativo, la situación no era menos preocupante. Los legisladores comenzaban a vaciar sus despachos, llevándose documentos y pertenencias personales, mientras algunos solicitaban adelantos de sus dietas ante la inminente posibilidad de un colapso del sistema democrático. Las portadas de los diarios reflejaban la gravedad del momento, con titulares que anticipaban cambios drásticos en el país y un clima de desconfianza que reinaba entre los ciudadanos y sus representantes.

Oscar Alende, presidente del Partido Intransigente, se preparaba para dirigirse al país a través de una cadena nacional. Su mensaje insistía en que la legalidad debía ser el camino a seguir frente a los privilegios y abusos que amenazaban tanto desde el exterior como desde el interior del país. En este contexto, la figura de Casildo Herreras se destacaba como la de un hombre que, a lo largo de su vida, había estado involucrado en la lucha por los derechos de los trabajadores, pero que ahora se enfrentaba a una encrucijada que podría cambiar el rumbo de la historia argentina.