La desaparición de 16 pescadores ecuatorianos en el océano Pacífico tras un incendio en su embarcación ha desatado una ola de incertidumbre y preocupación. Este trágico suceso, que se registró el 17 de marzo de 2026, ha llevado a las familias de los desaparecidos a exigir respuestas claras, en medio de numerosas versiones y una investigación que aún no arroja luz sobre lo ocurrido. La situación ha escalado a un punto en el que se plantea la posibilidad de que se trate de una violación grave de derechos humanos, si se confirma que el incidente ocurrió dentro de las aguas territoriales ecuatorianas.
El barco pesquero, conocido como Negra FCA Duarte II, partió del puerto de Manta con una tripulación compuesta por 16 hombres, la mayoría de ellos oriundos de la parroquia San Mateo, una comunidad que tiene una fuerte tradición en la pesca artesanal. Durante más de dos semanas, el grupo llevó a cabo su actividad sin que se reportaran incidentes, hasta que el 17 de marzo, en una inspección rutinaria realizada por el guardacostas “San Cristóbal”, se autorizó su continuación tras no encontrar irregularidades.
Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida horas después cuando se emitió una alerta por un incendio en alta mar, a unas 385 millas de Manta y a 235 millas de la isla San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos. Las imágenes que circularon en redes sociales presentan una escena devastadora: el barco y una lancha auxiliar envueltas en llamas, lo que intensificó la angustia de los familiares, quienes desde entonces no han recibido información oficial sobre el paradero de sus seres queridos.
La Armada del Ecuador ha activado el protocolo de Búsqueda y Salvamento (SAR), pero hasta el momento no se han hallado cuerpos, sobrevivientes ni restos significativos de la embarcación, lo que ha generado aún más dudas sobre las circunstancias del hecho. La falta de respuestas claras ha llevado a los familiares a cuestionar la versión oficial, la cual sostiene que el incendio ocurrió en aguas internacionales, aunque no se han presentado pruebas que respalden esta afirmación.
El abogado de las familias, Jorge Chiriboga, ha planteado una nueva y preocupante hipótesis sobre el suceso. Sugiere que en lugar de tratarse de un simple accidente, la embarcación habría sido objeto de un ataque armado. Según testimonios recogidos en el proceso de investigación, se ha mencionado la presencia de un submarino, un avión, un dron y un guardacostas en la zona en el momento del incidente, lo que abre la puerta a la especulación de un ataque militar, posiblemente con misiles. De confirmarse esta teoría, se podría estar ante un caso de desaparición forzada, lo que elevaría la gravedad del asunto a un nivel alarmante.
A pesar de la seriedad de estas acusaciones, hasta ahora ninguna autoridad ecuatoriana ha corroborado esta hipótesis ni ha ofrecido información pública que la respalde. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos han comenzado a seguir de cerca el caso, en un contexto donde la vigilancia del mar ecuatoriano se vuelve crucial no solo para la protección de los pescadores, sino también para el control del narcotráfico y otras actividades ilegales que proliferan en la región.
Este caso no solo refleja la vulnerabilidad de los pescadores en altamar, sino que también pone en evidencia la necesidad de que las autoridades ecuatorianas brinden respuestas claras y precisas. La presión de los familiares, quienes demandan justicia y transparencia, se suma a la creciente inquietud de la sociedad civil sobre la seguridad en las aguas ecuatorianas y el deber del Estado de proteger a sus ciudadanos en situaciones de riesgo. La situación es un recordatorio de la importancia de la vigilancia marítima y el respeto a los derechos humanos en todas las circunstancias, especialmente en contextos de riesgo como el que enfrentan los pescadores en altamar.
