En una reciente controversia que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ha revelado que mantuvo tres comunicaciones con el contratista Matías Tabar, quien es considerado un testigo clave en la investigación por enriquecimiento ilícito. Estas interacciones han levantado sospechas sobre la posible influencia que Adorni intentó ejercer en el testimonio de Tabar, quien ha declarado haber recibido 245.000 dólares del funcionario por la remodelación de su vivienda en el country Indio Cuá.
Los intercambios entre Adorni y Tabar incluyen dos mensajes de WhatsApp y una llamada telefónica que tuvo una duración aproximada de tres minutos. Según los informes, el jefe de Gabinete ofreció asistencia al contratista para preparar su declaración, lo que ha llevado a cuestionar la legalidad y la ética de tales acciones en el contexto de una investigación judicial. A pesar de la gravedad de la situación, fuentes vinculadas al caso han asegurado que no habrá consecuencias legales para Adorni, ya que no se considera que haya entorpecido el avance de la causa.
Un allegado a la causa explicó que Tabar cumplió con su deber al proporcionar toda la información solicitada durante su declaración, lo que parece haber influido en la decisión del fiscal Gerardo Pollicita de no tomar medidas en contra de Adorni. Sin embargo, esta interpretación ha sido objeto de debate, ya que algunos consideran que la conducta del jefe de Gabinete se mueve en una zona gris que podría justificar una mayor escrutinio. "El fiscal podría haber actuado de otra manera", señaló un experto en derecho que prefirió permanecer en el anonimato.
La diputada nacional Marcela Pagano, quien presentó la denuncia contra Adorni, argumentó que el jefe de Gabinete intentó interferir en el proceso judicial al comunicarse con Tabar. No obstante, en menos de un día, el fiscal desestimó la solicitud de detención argumentando que no existían pruebas suficientes para justificar tal medida. Este desenlace ha generado críticas sobre la capacidad de la justicia para manejar casos que involucran a altos funcionarios del gobierno.
En su declaración, Tabar fue solicitado a presentar las conversaciones mantenidas con Adorni. Sin embargo, el contratista había activado la opción de "mensajes temporales" en su aplicación de mensajería, lo que significa que los mensajes se eliminan automáticamente después de un cierto periodo. Para salvaguardar la integridad de la evidencia, Tabar dejó su dispositivo en Comodoro Py, y el juez Ariel Lijo ha ordenado un análisis forense del teléfono para intentar recuperar los mensajes que podrían haber sido borrados.
Recientemente, el canal A24 ha divulgado partes de la transcripción de las conversaciones entre Adorni y Tabar. En uno de los mensajes, Adorni le expresó al contratista: "Che, tenía que hablar con vos por el tema de la declaración. Podés contar conmigo para lo que necesites". Esta comunicación se presenta como un intento de asegurar el apoyo del jefe de Gabinete, quien además subrayó que la situación era de carácter político, buscando reafirmar su inocencia ante las acusaciones en su contra.
No obstante, Tabar rechazó la oferta de ayuda de Adorni, informándole que había sido aconsejado por otros sobre la necesidad de no mantener contacto. "Te agradezco, pero vamos a contar toda la verdad", respondió el contratista, dejando claro su decisión de no involucrarse más en este asunto. La complejidad de este caso no sólo resalta la tensión en el ámbito político argentino, sino que también plantea preguntas sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, especialmente en un contexto donde la corrupción ha sido un tema recurrente en la agenda nacional.
