La región de Moquegua, ubicada en el sur de Perú, ha iniciado un paro indefinido en respuesta a la aprobación de una ley que, según sus autoridades y habitantes, altera los límites territoriales establecidos y amenaza el canon minero que percibe la jurisdicción. Este movimiento social, que comenzó a la medianoche del martes, ha sido respaldado por diversas organizaciones sociales y gremiales, y se evidencia en el cierre de vías de acceso a la región, distante más de mil kilómetros de la capital peruana, Lima. Los moqueguanos demandan al gobierno central que revoque la ley y la devuelva al Congreso para su revisión.
La controversia se centra en la norma que, según los representantes de Moquegua, les haría perder valiosos recursos del canon minero en la zona de Quebrada Honda, situada en el distrito de Torata, colindante con Tacna. Esta situación ha generado un clima de tensión entre ambas regiones, donde los moqueguanos sienten que sus derechos territoriales están en juego. La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, ha manifestado su preocupación, señalando que la ley representa un recorte a la extensión territorial de Moquegua y acusando a los legisladores de haber incurrido en fallas técnicas irreparables que solo agravan la división entre las dos jurisdicciones.
El paro indefinido es el resultado de una serie de movilizaciones parciales que se llevaron a cabo en los días previos, en las que la ciudadanía mostró su rechazo a la normativa. La situación ha llevado a que las autoridades educativas suspendan las clases en todas las instituciones públicas y privadas de la región, mientras que el gobierno local ha cerrado sus oficinas administrativas y de atención al público. Esta medida busca hacer eco del descontento social y presionar al gobierno para escuchar las demandas de la población.
Gutiérrez ha comparado el descontento actual con el conocido 'moqueguazo' de 2008, un episodio de protestas masivas que surgió a raíz de la distribución del canon minero, el cual dejó un saldo de varios heridos. "Estamos defendiendo no solo nuestro territorio, también la integridad de nuestros recursos naturales", enfatizó la gobernadora, reflejando la determinación de los moqueguanos en la defensa de sus derechos.
Por otro lado, el gobernador de Tacna, Luis Torres, ha contradicho las afirmaciones de sus pares de Moquegua, asegurando que la ley aprobada no altera la frontera entre ambas regiones y que su objetivo es atender las solicitudes de cinco comunidades campesinas que desean integrarse al distrito de Ilabaya. Esta diferencia de perspectivas ha intensificado el conflicto, dejando en claro que la situación es compleja y requiere un diálogo constructivo para evitar mayores confrontaciones.
Moquegua es la tercera región más pequeña de Perú, con una población de aproximadamente 200.000 habitantes repartidos en tres provincias que abarcan un total de 15.700 kilómetros cuadrados. Por otro lado, Tacna, aunque ligeramente más grande, con 16.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 383.000 personas, también se encuentra en una situación delicada ante este conflicto. La resolución de este enfrentamiento territorial y la gestión de los recursos mineros será clave para el futuro de ambas regiones, así como para la estabilidad social del país.
