La Justicia de Ecuador condenó a nueve años y cuatro meses de prisión al expresidente Abdalá Bucaram y a su hijo, Jacobo Bucaram, tras encontrarlos culpables de colaborar en un delito de delincuencia organizada en el denominado caso Pruebas COVID-19. El proceso judicial se extendió durante más de cinco años, según informó la Fiscalía ecuatoriana.
De acuerdo con la acusación, Abdalá Bucaram, Jacobo Bucaram y otras dos personas comercializaron ilegalmente 21.000 pruebas para detectar coronavirus durante la emergencia sanitaria. La estructura operó entre marzo y agosto de 2020 y también vendió mascarillas, lancetas, guantes de nitrilo y otros insumos médicos, de acuerdo con los elementos considerados en la sentencia.
Los otros dos condenados son el exagente de tránsito Leandro B. y Sheinman O., señalados por el Poder Judicial como autores directos del delito de delincuencia organizada. Ambos recibieron una pena de 13 años y cuatro meses de prisión, aunque a Sheinman O. se le redujo la condena en dos años y ocho meses.
La Fiscalía sostuvo que la organización obtuvo beneficios económicos durante la pandemia y vinculó los hechos con presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria, peculado de uso y falsificación de documentos. La información difundida por el organismo no precisó en el material disponible otros detalles sobre el alcance de esas imputaciones.
