Las empresas de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) han lanzado una advertencia al Gobierno nacional: si para el próximo 30 de abril no se presentan soluciones concretas ante el incremento de los costos operativos, la frecuencia del servicio de colectivos podría reducirse drásticamente al 50%. Actualmente, este servicio se encuentra funcionando al 85% de su capacidad habitual. La amenaza fue comunicada a través de un documento firmado por diversas cámaras empresariales del sector, que han declarado a la situación como un "estado de emergencia".
Este conflicto no es un fenómeno reciente. Desde el 1 de abril, las entidades involucradas han comenzado a implementar una reducción gradual de la frecuencia de los servicios, en respuesta al aumento del precio del gasoil. Según la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), el costo del combustible oscila entre $2.100 y $2.444 por litro, cifra que supera ampliamente el valor de $1.750 que se reconoce oficialmente en la estructura de costos vigente desde enero de 2026. Esta disparidad ha generado un déficit que, lamentan las empresas, no ha podido ser equilibrado ni con ajustes tarifarios ni con anticipos de subsidios.
El impacto de una reducción en la frecuencia de los colectivos tendría consecuencias significativas, ya que este sistema de transporte es fundamental para millones de usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y el Gran La Plata. La reciente caída a la mitad de la frecuencia, ya experimentada en las primeras semanas de abril, ha puesto de manifiesto cómo esta situación afecta a trabajadores, estudiantes y a todos aquellos que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios.
Las cámaras empresariales han reconocido que, aunque el Estado ha tomado algunas medidas parciales, estos esfuerzos aún no se han traducido en soluciones efectivas. En su comunicado, las entidades admiten los avances en el diálogo y el intento de las autoridades por cancelar compensaciones que se encuentran pendientes. Sin embargo, enfatizan que la deuda por compensaciones asciende a más de 128 mil millones de pesos, lo que significa que el sector sigue asumiendo costos sin claridad acerca de cómo serán cubiertos en el futuro. “No somos magos”, expresaron representantes del sector ante la posibilidad de sostener el servicio con las condiciones actuales.
La reunión programada para este jueves en la Secretaría de Transporte de la Nación se perfila como un evento crucial en la búsqueda de soluciones. Las cámaras esperan obtener respuestas "concretas, inmediatas y verificables" sobre los mecanismos y plazos para el reconocimiento de los costos adicionales. Cabe recordar que no es la primera vez que se llevan a cabo negociaciones entre ambas partes; el 9 de abril se realizó un encuentro previo, que no resultó en acuerdos, lo que llevó a la creación de mesas técnicas de trabajo.
En el último encuentro, la Secretaría de Transporte había informado que se había realizado el pago del anticipo del 60% de las compensaciones, pero las empresas sostienen que esto todavía no es suficiente para afrontar la crisis actual. Las expectativas para la reunión del jueves son altas, ya que el futuro del servicio de colectivos y, por ende, la movilidad de millones de personas en el AMBA, depende de la respuesta del Gobierno frente a esta compleja situación.
La resolución de este conflicto no solo es vital para las empresas de transporte, sino también para todos los usuarios que dependen de este medio para sus desplazamientos cotidianos. Las autoridades deberán encontrar un equilibrio que permita sostener un servicio esencial sin que las empresas quiebren ante el aumento desmedido de los costos operativos. Sin duda, el desenlace de esta situación será un termómetro de la capacidad del Gobierno para gestionar este tipo de crisis en el sector del transporte público.
