La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, anunció recientemente que se destinarán 155 millones de euros para la atención de menores migrantes en las islas durante el año 2025. Esta cifra representa un considerable esfuerzo financiero por parte del archipiélago, que está en proceso de redimensionar su red de acogida. A raíz de la derivación de menores hacia otras comunidades autónomas, varios centros están comenzando a cerrar, marcando un cambio significativo en la gestión de esta situación crítica.
En una reciente comisión parlamentaria, Delgado reveló que, gracias a la aplicación del artículo 35 de la ley de extranjería, un total de 719 menores han sido trasladados a otras comunidades. Este movimiento ha permitido que el número de menores bajo tutela en Canarias se reduzca de 4.389 a 3.337. Sin embargo, la consejera reconoció que la ocupación en los centros de acogida sigue siendo elevada, con un promedio del 123%, aunque una mejora respecto a los niveles que alcanzaron hasta un 170% en 2025.
La consejera no dudó en defender la atención brindada a estos menores, señalando que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y que su cuidado es una obligación legal para el Gobierno de Canarias. Delgado criticó las afirmaciones de la portavoz de Vox, Paula Jover, quien cuestionó el coste de esta atención. La funcionaria enfatizó que no se puede tratar a los menores como simples cifras contables o mercancías, y aseguró que el gasto en Canarias es uno de los más bajos en comparación con otras comunidades.
Además, Delgado instó a la colaboración del Estado y otras comunidades autónomas para continuar con la derivación de menores migrantes, alertando sobre el riesgo de que Canarias se convierta en una prisión para migrantes en Europa si no se cumplen las leyes de asilo. La consejera destacó la necesidad de que se actúe con responsabilidad y eficiencia, para asegurar un trato digno a todos los menores, independientemente de su origen.
Por su parte, Jover criticó lo que considera un gasto excesivo en la atención a menores migrantes, no solo en los centros de acogida, sino también en el ámbito educativo. La portavoz de Vox mencionó el gasto en apoyos lingüísticos, materiales escolares, servicios de comedor y atención sanitaria, instando al Gobierno a racionalizar estos costos. Para Jover, los recursos destinados a los menores migrantes deben ser revisados, especialmente cuando se compara con las ayudas de vivienda para jóvenes canarios, que son notablemente inferiores.
La diputada también expresó su preocupación por el impacto que la llegada de menores migrantes ha tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos, mencionando que se ha incrementado el hacinamiento en el transporte público debido a la gratuidad de los servicios. Por último, Jover planteó una comparación entre el tipo de vida que llevan los menores migrantes, quienes parecen disfrutar de beneficios que muchas familias canarias no pueden permitirse, como ropa de primeras marcas y entradas a parques de diversiones, lo que genera un descontento social que podría tener repercusiones en el futuro.
El debate sobre la atención a los menores migrantes en Canarias pone de manifiesto la complejidad de la situación, donde se entrelazan aspectos legales, económicos y sociales que requieren un enfoque integral y humano por parte de las autoridades.
