En una conmovedora manifestación, niños y adolescentes paraguayos tomaron las calles de Asunción el pasado sábado, demandando una vida libre de violencia y un mayor compromiso del Estado en la protección de sus derechos. Esta marcha, que se llevó a cabo en el corazón de la capital, se enmarca en la conmemoración del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, que se recuerda cada 31 de mayo. Con pancartas en mano y voces firmes, los jóvenes exigieron políticas integrales que aborden el alarmante fenómeno del abuso sexual infantil, que en Paraguay presenta cifras preocupantes, con un promedio de ocho denuncias diarias.

Fernando Acosta, representante del Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes, fue uno de los voceros principales de la protesta. En declaraciones a la prensa, Acosta enfatizó que la manifestación busca visibilizar una problemática que trasciende lo individual y se convierte en un asunto social estructural. "No se está garantizando el derecho de los niños a vivir libres de violencia", afirmó, a la vez que recordó que en 2025 se registraron más de 3.300 denuncias por abuso sexual infantil, y entre enero y mayo de este año, la cifra alcanzó los 1.184 casos.

La problemática del abuso sexual infantil en Paraguay no solo es un reflejo de la falta de políticas públicas adecuadas, sino que también se ve agravada por la resistencia de ciertos sectores conservadores que se oponen a la implementación de estrategias efectivas para abordar esta crisis. Acosta subrayó que es fundamental que el Estado escuche las demandas de los niños y adolescentes, quienes son los principales afectados y tienen derecho a un entorno seguro y protector. "La falta de políticas integrales de educación sexual es una de las principales ausencias del Estado", agregó, subrayando la importancia de educar a los jóvenes como una herramienta clave para prevenir el abuso.

Las cifras de embarazo adolescente en Paraguay también son alarmantes y reflejan la gravedad de la situación. En 2025, se registraron 3.591 partos entre niñas y adolescentes, de los cuales 345 correspondieron a menores de entre 10 y 14 años. Este fenómeno es un claro indicativo de la falta de información y recursos necesarios para prevenir situaciones de riesgo y proteger a los más vulnerables. La ausencia de políticas efectivas en educación sexual integral resuena en la realidad de muchas jóvenes que se encuentran desprotegidas y sin herramientas para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.

El movimiento también denunció la impunidad que rodea a los casos de abuso sexual infantil en Paraguay. Entre 2020 y 2025, se contabilizaron más de 18.000 denuncias, sin embargo, solo 1.573 casos culminaron en condenas en el sistema judicial. Esta disparidad pone de manifiesto no solo la ineficacia de las políticas públicas, sino también las limitaciones del Poder Judicial para responder adecuadamente a estas denuncias, en gran medida debido a la falta de recursos y presupuesto.

El Ministerio Público ha indicado que las cifras de abuso sexual infantil implican a familiares directos de las víctimas, como padres, padrastros y abuelos, lo que complica aún más la situación y genera un ciclo de silencio y revictimización. La falta de confianza en el sistema judicial y la cultura del silencio perpetúan un ambiente donde el abuso puede ocurrir sin consecuencias. La voz de los adolescentes en esta marcha es un llamado urgente a la sociedad y al Estado para que se tomen en serio las demandas de protección y justicia, y se implementen políticas que garanticen un futuro más seguro para los niños y adolescentes del país.