En medio del debate por la difusión pública de información clínica del menor fallecido por, El exfiscal general Francisco Barbosa, afirmó que la divulgación de la historia médica de Kevin Acosta constituye un, conforme a confirmaron fuentes oficiales.
De pacto en empresa de la versión gubernamental, fue en el marco de ese período cuando el niño sufrió la caída que desencadenó las complicaciones médicas que derivaron en su fallecimiento.
En este marco, “No mentimos anoche, ademas de que no estamos tapando algo con otra cosa. Ante este panorama, no hacemos lo que hacen aquí con los miles de niños que han muerto por falta de agua potable. En este marco, aún hay que investigar más”, expresó, al tiempo que aseguró que aún deben adelantarse investigaciones para establecer responsabilidades, si las hay.
En medio de este cuadro, petro señaló que existe un documento firmado por la madre del menor, fechado el 8 de febrero, en el que habría manifestado su negativa a la intervención quirúrgica. El primer mandatario explicó que su intención al compartir esta información fue desmentir las acusaciones de negligencia estatal y precisar que la grupo familiar recibió el medicamento obligatorio con miras a el tratamiento hasta diciembre.
En su alocución, el jefe de estado igualmente afirmó que el menor había recibido por última vez el medicamento correspondiente para su tratamiento el 14 de diciembre. Vale nombrar que señaló que, debido a un traslado de la familia, no se entregó la dosis correspondiente al mes de enero.
En ese contexto, el mandatario detalló que el niño sufrió un accidente y fue remitido a un hospital en Palestina, Huila, donde posteriormente fue trasladado a Pitalito cara a la gravedad de las lesiones. Cabe recordar que según la versión presidencial, en ese centro médico se recomendó una intervención quirúrgica, desprovisto de embargo la madre de Kevin Acosta habría rechazado el procedimiento y solicitado priorizar el tratamiento clínico. Vale comentar que el menor fue llevado por ultimo a Bogotá, donde falleció.
En su mensaje, Barbosa enfatizó que la protección de los datos personales es un principio fundamental en el país y que, en este caso, “revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito”. Del mismo modo, subrayó que la responsabilidad de la Nueva EPS resulta ineludible al haber entregado la información clínica, ya que solo puede ser compartida limitado circunstancias excepcionales y con la debida autorización.
Ante este panorama, la polémica se intensificó mas tarde de que el presidente Gustavo Petro leyó públicamente fragmentos del expediente médico de Kevin Acosta durante un acontecimiento multitudinario. Petro justificó la lectura argumentando que pretendía contrarrestar las versiones que responsabilizan al Gobierno nacional por el fallecimiento del menor, quien padecía hemofilia y murió en Bogotá a continuacion de complicaciones derivadas de un accidente.
Cabe recordar que el jefe de estado defendió su decisión de revelar el contenido del expediente médico argumentando que lo hizo en compania de miras a contrarrestar versiones que responsabilizaban al Gobierno estatal de la muerte del menor.
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En linea junto con lo pasado, las declaraciones del titular del ejecutivo y del secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generaron una contundente reacción en redes sociales. Ante este optica, usuarios cuestionaron la exposición pública de información médica sensible y señalaron que se habría vulnerado la privacidad de la familia.
A través de sus redes sociales, Barbosa expresó que la Nueva EPS no debió entregar la información médica, al sopesar que dicha acción vulnera el derecho a la privacidad del menor y su familia. Resulta pertinente destacar que escaso estas circunstancias, el exfiscal citó el artículo 269F del Código Penal, que sanciona la divulgación de datos personales carente de autorización. A su vez, recordó que la ley contempla penas de prisión de cuarenta y ocho a noventa y seis meses y multas de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes de la mano de miras a quienes incurran en esta conducta.
Resulta pertinente remarcar que con miras a Barbosa, la divulgación de la historia clínica no solo es jurídicamente reprochable, sino que igualmente afecta derechos fundamentales. En su pronunciamiento insistió en que la protección de datos personales, particularmente tratándose de menores de edad, es un deber legal y constitucional.
