La comunidad médica de Bahía Blanca enfrenta un nuevo escándalo que ha agitado sus cimientos, luego de que se denunciara el robo de 25 ampollas de fentanilo en el Hospital Municipal. Esta situación se da en un contexto de creciente preocupación por el uso indebido de drogas en el ámbito hospitalario, especialmente tras el reciente caso del anestesista y la residente implicados en un escándalo de fiestas privadas. La denuncia fue presentada por una autoridad del hospital, quien constató el faltante en el sector del quirófano central, un área restringida solo para personal autorizado.
El descubrimiento de la falta de ampollas de fentanilo fue alarmante, dado que esta sustancia es fundamental para procedimientos médicos delicados, y su sustracción plantea serias interrogantes sobre la seguridad y la ética en el uso de medicamentos en el entorno hospitalario. Las primeras indagaciones revelaron que el acceso al quirófano había sido forzado, lo que refuerza la hipótesis de un robo. Ante esta situación, las autoridades del hospital decidieron radicar la denuncia ante la Fiscalía, donde tomó intervención la UFIJ Nº 19, encargada de delitos relacionados con estupefacientes, liderada por el fiscal Mauricio del Cero.
Las fuentes consultadas indicaron que se han implementado diversas medidas para esclarecer el suceso y localizar las ampollas sustraídas. Entre estas acciones se encuentra la recolección de testimonios de los empleados del hospital, quienes podrían aportar información relevante sobre el acceso al área restringida y las circunstancias del robo. Además, se ha iniciado una investigación interna para evaluar si el robo pudo haber sido perpetrado por personal del propio hospital, aunque, por el momento, no hay sospechas concretas.
Este robo de fentanilo ocurre en un contexto muy delicado, marcado por la reciente revelación de un caso que involucra el uso indebido de anestésicos en fiestas privadas. La tragedia comenzó con la muerte de un residente del Hospital Rivadavia, Alejandro Zalazar, quien falleció debido a una sobredosis de propofol y fentanilo en febrero. Las circunstancias de su muerte fueron inquietantes, dado que la escena presentaba claros indicios de intervención médica, lo que llevó a las autoridades a investigar la procedencia de los medicamentos encontrados en su posesión.
Días después de esta tragedia, el Hospital Italiano también reportó faltantes de anestésicos, lo que generó una serie de allanamientos. Las pruebas recolectadas confirmaron que los fármacos hallados en la casa de Zalazar eran efectivamente del hospital, lo que profundizó la crisis de confianza en la comunidad médica. En medio de esta situación, comenzó a circular un audio en WhatsApp que hacía referencia a fiestas privadas, conocidas como “Propo fest”, donde un grupo reducido de médicos supuestamente consumía anestésicos con fines recreativos y sexuales. Este testimonio revelaba una práctica peligrosa bajo la apariencia de un “viaje controlado”, donde los participantes podían experimentar un estado de relajación extrema, supervisados por un “controlador”.
El desenlace de esta grave situación resultó en la imputación de dos profesionales del Hospital Italiano: el anestesista Hernán Boveri y la residente Delfina Lanusse, quienes enfrentan cargos por administración fraudulenta de drogas. La combinación de estos hechos ha puesto en jaque la credibilidad del sistema de salud en la región y ha suscitado un debate sobre la responsabilidad ética de los profesionales de la salud en el manejo de sustancias controladas. La comunidad médica y la sociedad en general reclaman una respuesta contundente ante este tipo de situaciones que atentan contra la integridad del sistema de salud y la confianza de los pacientes.
Como resultado, las autoridades sanitarias han comenzado a revisar protocolos de seguridad en los hospitales, enfatizando la necesidad de mayor control y vigilancia en el manejo de fármacos críticos. Este episodio no solo resalta la importancia de mantener la ética en el ejercicio de la medicina, sino que también pone de manifiesto la necesidad de generar espacios de discusión y reflexión sobre el uso de sustancias controladas en el ámbito médico. En este sentido, será fundamental que los organismos competentes actúen con celeridad para restaurar la confianza en el sistema de salud y garantizar la seguridad de los pacientes.
