La República Democrática del Congo (RDC) atraviesa, a 100 días de la declaración del brote de ébola, la emergencia sanitaria más grave de su historia reciente. La enfermedad ya dejó más de 2.500 muertos desde el 15 de mayo y mantiene una evolución crítica: la mitad de los fallecimientos se identificó durante las últimas tres semanas y, según la ONU, el virus se propaga a un ritmo exponencial.

El epicentro está ubicado en la provincia de Ituri, en el noreste del país, una zona afectada por un conflicto armado prolongado. Allí opera uno de los grupos armados más violentos de África, las Fuerzas Democráticas Aliadas, considerado una extensión local del Estado Islámico. Sus ataques, que provocan decenas de muertes cada semana, generaron desplazamientos sucesivos y dificultaron el seguimiento de los casos y la respuesta sanitaria.

Una parte de las personas desplazadas se trasladó a la vecina región de Kivu, escenario de otro conflicto armado entre el Ejército congoleño y las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23). El grupo controla las capitales de sus dos provincias y puso en marcha un programa propio de respuesta al brote, con una coordinación relativa con las agencias médicas internacionales, aunque sin diálogo con el Gobierno congoleño.

La violencia se extiende por las seis provincias donde se registró el brote y también alcanza al personal sanitario, que se convirtió en blanco de ataques específicos. En ese contexto, la inseguridad complica el acceso a las zonas afectadas y limita las tareas de atención, seguimiento y control de la enfermedad.