A cuatro meses del inicio del nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, el proceso volvió a quedar bajo cuestionamiento. El debate oral había sido anulado en 2025 luego de que se descubriera que la exjueza Julieta Makintach filmaba en secreto un documental durante las audiencias. Ahora, la controversia alcanza a una de las principales pruebas de la Fiscalía contra los siete trabajadores de la salud acusados de homicidio simple con dolo eventual: el informe de la Junta Médica.
La Junta Médica está integrada por peritos que analizaron el expediente, las historias clínicas y los estudios realizados a Maradona. Sus conclusiones sostienen que la muerte del exfutbolista podía haberse evitado. Sin embargo, en la última audiencia, el abogado Nicolás D’Albora, defensor de la coordinadora de la prepaga imputada, señaló que en la causa figuran exámenes médicos realizados entre 2012 y 2015 que no pertenecerían a Diego Maradona, sino a su padre.
El defensor afirmó que detectó la presunta irregularidad durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, quien sostuvo que Maradona padecía una enfermedad renal crónica. Para fundamentar esa conclusión, el especialista había utilizado, entre otros elementos, análisis de laboratorio correspondientes a esos años. Varios fueron realizados en 2015, cuando Maradona se encontraba en Dubai.
Ante ese planteo, D’Albora pidió al tribunal que libre un oficio a la empresa de medicina prepaga para verificar el número de socio asociado a los análisis cuestionados. También solicitó que se consulte el registro de movimientos migratorios correspondiente a 2015, con el objetivo de corroborar si Maradona se encontraba en el país al momento de la realización de esos estudios. El planteo puso bajo discusión la validez de parte del material considerado por la Junta Médica y abrió un nuevo foco de tensión sobre la continuidad del juicio.
