La Fiscalía del Estado de Nueva York ha iniciado una acción legal contra varias compañías, incluyendo a 3M, DuPont y Chemours, acusándolas de causar contaminación ambiental y daños a la salud pública a lo largo de varias décadas. Esta demanda, presentada en un tribunal estatal de Albany, se centra en el uso de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas (PFAS), compuestos conocidos por su persistencia en el medio ambiente y su potencial toxicidad. La fiscal general, Letitia James, sostiene que estas empresas conocían los riesgos asociados a los PFAS y, sin embargo, optaron por fabricarlos, comercializarlos y venderlos en productos de consumo, engañando a la población sobre sus efectos perjudiciales.

La problemática de los PFAS no es nueva. Estas sustancias fueron desarrolladas por primera vez en la década de 1940 y comenzaron a utilizarse en una amplia gama de productos de consumo, desde utensilios de cocina antiadherentes hasta ropa y productos cosméticos, gracias a sus reconocidas propiedades de resistencia al agua y a las manchas. Sin embargo, a partir de la década de 1970, se empezaron a descubrir los efectos nocivos de estos compuestos, lo que llevó a un creciente número de demandas tanto a nivel individual como colectivo. La Fiscalía de Nueva York argumenta que las empresas fueron negligentes al no informar adecuadamente al público sobre los riesgos de estos químicos.

Letitia James ha expresado que las comunidades han soportado durante demasiado tiempo el peso de la contaminación y los costos asociados a la limpieza de estos tóxicos. En su declaración, la fiscal destacó la importancia de que las empresas responsables de esta contaminación sean llevadas ante la justicia. La acción legal busca no solo compensaciones económicas por los daños causados, sino también que se realicen labores de remediación para subsanar el impacto ambiental generado por estos productos químicos.

Además de 3M y DuPont, la demanda incluye a Corteva y EIDP, empresas que también forman parte del conglomerado de DuPont. Este tipo de acciones legales no son aisladas; en los últimos años, numerosas jurisdicciones en Estados Unidos han presentado demandas similares, lo que ha llevado a que algunas empresas enfrenten multas significativas. El creciente escrutinio sobre las prácticas de estas multinacionales refleja una mayor conciencia pública y regulatoria sobre los riesgos que representan los PFAS.

A finales de junio, se conoció un acuerdo entre el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. con Chemours, que incluyó un pago de 450 millones de dólares para resolver acusaciones de contaminación de ríos en Carolina del Norte, Nueva Jersey y Virginia Occidental. Este acuerdo marca un precedente a nivel federal y destaca la urgencia con la que se están abordando las cuestiones relacionadas con los PFAS, tanto en el ámbito legal como en el ambiental.

La demanda de Nueva York podría ser un punto de inflexión en la lucha contra la contaminación por PFAS, ya que representa un esfuerzo coordinado para responsabilizar a las empresas por sus prácticas nocivas. A medida que se desarrollan los procedimientos legales, se espera que la atención sobre los PFAS continúe creciendo, al igual que las demandas de las comunidades afectadas que buscan justicia y reparación por los daños sufridos. La situación actual pone de relieve la necesidad de una reforma drástica en la regulación de estos compuestos químicos, que han demostrado ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud pública.