Lázaro Báez, empresario santacruceño actualmente encarcelado, ha presentado un nuevo pedido de arresto domiciliario ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Este requerimiento se respalda con un informe médico que detalla un reciente estudio gastroenterológico, en el cual se ha confirmado la realización de una polipectomía de sigma, un procedimiento quirúrgico que implica la extirpación de pólipos del intestino. La defensa de Báez argumenta que este hallazgo médico resalta la necesidad de un control más riguroso de su estado de salud, especialmente considerando su historial médico complicado.
El informe médico, resultado de una videocolonoscopia de control, reveló una nueva lesión que requiere atención médica inmediata. La muestra extraída de dicha lesión ha sido enviada a un laboratorio para su análisis anatomopatológico, lo que ha llevado a los abogados de Báez a insistir en la urgencia de un tratamiento adecuado. Según los letrados, el retraso en la realización de este control médico, que debió efectuarse dentro de los tres meses posteriores a la polipectomía realizada en noviembre de 2025, es un indicativo de la desatención que sufre el empresario en el sistema penitenciario.
En este contexto, la defensa ha solicitado que se le permita a Báez ser internado en una clínica de Florencio Varela, aduciendo que su estado de salud se ha deteriorado y que presenta síntomas preocupantes como "dolor abdominal persistente y hematoquezia", lo que podría agravar su situación si no se le brinda atención hospitalaria inmediata. Este llamado a la atención se basa en un certificado médico elaborado por Mario Hiroshi Kanashiro, quien ha seguido de cerca la salud de Báez durante su estancia en prisión domiciliaria. El diagnóstico incluye diverticulitis y peridiverticulitis, condiciones que requieren un tratamiento específico y urgente.
La defensa de Báez ha argumentado que el Servicio Penitenciario no está brindando la atención médica necesaria para manejar adecuadamente su estado de salud, lo que refuerza su pedido de arresto domiciliario. Este es el cuarto intento de Báez por conseguir una morigeración de su condena desde que fue trasladado nuevamente a prisión el año pasado para cumplir una pena de 15 años por casos relacionados con corrupción y lavado de dinero, como son las causas Vialidad y Ruta del Dinero. La solicitud anterior había sido rechazada, pero los magistrados habían indicado que el tribunal oral debía reconsiderar su criterio sobre los pedidos de prisión domiciliaria en función de la salud del acusado.
El juez de ejecución, Néstor Costabel, ha ordenado que se mantenga un seguimiento constante de la salud de Báez a través de informes médicos semanales, además de facilitar su traslado a tratamientos médicos extramuros. Esto pone en evidencia la preocupación del sistema judicial por la salud del empresario, que ha mostrado un deterioro notable en sus condiciones físicas desde su reclusión. A su vez, el fiscal Abel Córdoba ha señalado que las afecciones que presenta Báez han sido atendidas con un seguimiento adecuado, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de la atención médica dentro del sistema penitenciario.
El 6 de julio, Báez fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Alberto Antranik Eurnekian” para someterse a la videocolonoscopia que ahora es parte del debate sobre su salud y su solicitud de prisión domiciliaria. Este contexto médico se entrelaza con el trasfondo judicial de su caso, que continúa generando atención mediática y preguntas sobre la justicia y la salud de los reclusos en el país. La situación de Lázaro Báez es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario argentino, donde la atención médica y la justicia a menudo parecen estar en conflicto, dejando a los reclusos en una situación de vulnerabilidad extrema.
