El pasado 10 de febrero, tras un juicio que captó la atención de la sociedad chaqueña, el clan Sena fue hallado culpable del femicidio de Cecilia Strzyzowski. La sentencia impuso a Emerenciano Sena, su pareja Marcela Acuña y su hijo César, una pena de prisión perpetua, aunque los condenados mantienen su postura de inocencia. Desde aquel veredicto, han transcurrido tres meses durante los cuales la vida del clan en el sistema penitenciario ha estado marcada por la rutina y el silencio, especialmente en el caso de César, el hijo menor.

Emerenciano Sena, un ex dirigente social de 61 años, ha expresado en diversos escritos su situación en prisión, describiendo condiciones que considera inhumanas. En una reciente carta, aseveró: “Soy un preso político. Vivo peor que un perro callejero”. Esta afirmación refleja su percepción de persecución y la lucha constante por su bienestar y el de su familia. Por su parte, Marcela Acuña, de 54 años, se encuentra en la Alcaidía de Mujeres, mientras que Emerenciano y César están recluidos en el Complejo Penitenciario I de Resistencia, donde comparten celda con otro compañero de causas sociales, Carlos Barraza.

Aunque la ley permite que los miembros del clan se vean cada 15 días, la comunicación diaria se realiza a través de un sistema de teléfonos controlado por el servicio penitenciario. Las conversaciones quedan registradas, lo que limita la privacidad de sus intercambios. En este contexto, una de las preocupaciones más notables es el estado emocional de César, quien ha optado por el silencio durante los encuentros familiares. Fuentes cercanas indican que durante las visitas no se aborda lo ocurrido el 2 de junio de 2023, lo que genera inquietud sobre su estado psicológico y su capacidad para afrontar la situación.

A medida que avanza el tiempo en prisión, tanto Emerenciano como Marcela han solicitado la prisión domiciliaria, un pedido que fue rechazado durante el debate oral. Este planteo se fundamenta en problemas de salud que ambos padecen, siendo Emerenciano el más afectado. Desde su ingreso al sistema carcelario, ha enfrentado complicaciones como hipertensión, diabetes y cáncer de colon, además de haber superado una reciente infección por COVID-19. En sus escritos, enfatiza que las condiciones de vida son desastrosas y que sin el apoyo externo, su situación podría ser insostenible.

Recientemente, su abogado presentó un hábeas corpus ante la jueza Dolly Fernández, quien preside la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. A través de este recurso, Emerenciano denuncia violaciones a sus derechos, específicamente en lo que respecta al acceso a la educación y al trabajo dentro de la prisión, derechos que están garantizados por la Ley 24.660 de Ejecución Penal. En su petición, subraya que ha solicitado reiteradamente el acceso a estos derechos sin recibir respuesta, lo que da cuenta de la falta de atención a sus necesidades básicas.

Además de sus reclamos sobre la alimentación, que según su declaración ha variado en calidad y cantidad, lo que agrava sus problemas de salud, Emerenciano ha manifestado su lucha constante por mejorar su situación. En este contexto, el futuro del clan Sena sigue siendo incierto. Con un ambiente cargado de tensiones y desafíos, la familia enfrenta no solo la condena y su vida en prisión, sino también la búsqueda de una nueva oportunidad que les permita recuperar su libertad y dignidad.

Mientras tanto, la sociedad chaqueña observa de cerca los acontecimientos que rodean al clan Sena, cuestionando la eficacia del sistema judicial y la manera en que se trata a los internos en las cárceles. Este caso plantea interrogantes sobre la justicia, la salud y los derechos humanos en el contexto penitenciario, temas que requieren un análisis profundo y un compromiso colectivo para encontrar soluciones adecuadas y justas.