La Corte de Justicia de San Juan ha ratificado la condena dictada contra la odontóloga María Romina Pellice, quien fue hallada culpable de mala praxis tras realizar la extracción de 12 muelas a un niño de cinco años sin el consentimiento de sus padres. Este caso, que ha generado un amplio debate sobre la ética profesional en el ámbito de la salud, ocurrió en 2017 y ha tenido consecuencias significativas tanto para la familia afectada como para la propia profesional. La sentencia, emitida por la jueza Ana Carolina Parra, impone a Pellice un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer su profesión.
La decisión del máximo tribunal provincial se produjo tras la negativa de la defensa de Pellice a aceptar las acusaciones, presentando un recurso de casación que fue desestimado por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima. En su fallo, la Corte no solo se ocupó de la cuestión procesal, sino que también dejó en claro la gravedad de la conducta de la odontóloga al actuar sin el debido consentimiento informado de los padres, lo que, según la ley, constituye un delito de lesiones culposas.
El incidente tuvo su origen cuando María Fernanda Lara acudió al Hospital Rawson en busca de atención para su hijo, quien presentaba dolor dental y fiebre. A pesar de que el médico de guardia trató inicialmente el absceso y recetó antibióticos, la situación del niño no mejoró, lo que llevó a su internación en el Sanatorio Argentino. Después de recibir tratamiento intravenoso, la familia buscó una segunda opinión con Pellice, sin imaginar que la consulta terminaría en un procedimiento tan drástico.
En lugar de abordar la caries de una muela afectada, la odontóloga llevó a cabo la extracción de 12 dientes, un acto que ha sido calificado como imprudente y sin justificación médica. Según el informe pericial presentado en el juicio, esta decisión no solo fue inapropiada, sino que también tuvo repercusiones severas en el desarrollo físico y emocional del menor, quien terminó con solo dos muelas definitivas y varios dientes anteriores.
La abogada de la familia, Yamila Piozzi, destacó la falta de comunicación y el procedimiento apresurado, al señalar que Pellice no ofreció alternativas ni explicó adecuadamente el alcance de la cirugía. A pesar de que la intervención se programó para ser breve, se extendió casi una hora, generando un proceso traumático para el niño y su madre, quien recibió un frasco con los dientes extraídos, una experiencia que no debería haber ocurrido en un entorno médico.
Las secuelas de este caso han sido devastadoras para el menor, que ahora enfrenta múltiples problemas relacionados con su salud dental y emocional. Este episodio ha puesto en tela de juicio la responsabilidad de los profesionales de la salud y la necesidad de un enfoque más riguroso en la obtención de consentimientos informados. La actuación de Pellice no solo ha impactado negativamente en la vida de un pequeño paciente, sino que también ha llamado la atención sobre la importancia de la ética profesional en la odontología y la necesidad de garantizar que las decisiones médicas se tomen con la debida consideración y respeto hacia los derechos de los pacientes y sus familias.
