La reciente muerte del anestesista Alejandro Zalazar, encontrado sin vida en su departamento de Palermo, ha destapado una preocupante trama de sustracción de medicamentos en el Hospital Italiano. La autopsia reveló que Zalazar falleció por una sobredosis de propofol y fentanilo, lo que llevó a las autoridades a indagar no solo en las circunstancias de su deceso, sino también en un posible tráfico de fármacos en el ámbito hospitalario. La investigación se centra en dos anestesistas, Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes han sido señalados como los principales sospechosos en esta compleja red de ilícitos.
Zalazar fue encontrado sin vida el 20 de febrero, lo que generó una profunda conmoción en la comunidad médica y encendió las alarmas sobre la seguridad y manejo de sustancias controladas en los hospitales. La autopsia determinó que su muerte fue producto de una congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, todos síntomas vinculados al uso excesivo de anestésicos. Este trágico evento no solo ha puesto en evidencia el grave problema del abuso de estas sustancias, sino que también ha abierto un panorama oscuro sobre la posibilidad de que algunos profesionales de la salud estén involucrados en la venta y distribución ilegal de fármacos.
En el lugar donde se encontró el cuerpo de Zalazar, se hallaron insumos médicos pertenecientes al Hospital Italiano, lo que condujo a la sospecha de un robo sistemático de medicamentos. Estas sustancias son de uso exclusivo en anestesiología y no están disponibles para la compra en farmacias, lo que añade un nivel de complejidad a la investigación. La dirección del hospital, al enterarse de los hechos, tomó cartas en el asunto y decidió apartar a Boveri y Lanusse de sus funciones, además de presentar una denuncia formal a las autoridades.
El juez Martín Sánchez Sarmiento y el fiscal Lucio Herrera han estado al frente de la investigación, que ha incluido allanamientos y la imputación de los anestesistas mencionados. Ambos profesionales comparecieron ante la Justicia a través de una videoconferencia y negaron las acusaciones en su contra. La situación se complica aún más, ya que se les ha prohibido salir del país mientras avanzan las indagatorias, lo que indica la gravedad de los cargos que enfrentan.
Boveri, quien era considerado uno de los anestesistas más reconocidos en el Hospital Italiano, y Lanusse, una residente en formación, son investigados por la posible administración fraudulenta de medicamentos y la presunta comercialización de ‘viajes controlados’ utilizando insumos hospitalarios. Las autoridades están evaluando si existen otros implicados en la organización de fiestas clandestinas donde se consumían estos anestésicos, lo que podría abrir un abanico de responsabilidades en la comunidad médica.
Una de las piezas clave para avanzar en la investigación es el teléfono de Zalazar, descubierto junto a su cuerpo. Las autoridades judiciales han solicitado la intervención de expertos informáticos para acceder a su contenido, con la esperanza de encontrar pruebas que revelen más sobre la red de complicidad que podría existir entre médicos y otros individuos.
Además, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AARBA) ha tenido un papel relevante en este caso, ya que su sede fue allanada en busca de documentación relacionada con los anestesistas implicados. Este procedimiento, llevado a cabo el 1 de abril, busca esclarecer la situación y asegurar que no se repitan incidentes de esta gravedad en el futuro. En este contexto, la asociación se ha manifestado como una de las más interesadas en el esclarecimiento de los hechos y en la implementación de medidas para salvaguardar la integridad de la profesión y la seguridad de los pacientes.
