Una mujer de 51 años ha iniciado un importante proceso judicial después de sufrir múltiples complicaciones médicas tras una cirugía. Este caso, que ha captado la atención de los medios y del público, se remonta a diciembre de 2016, cuando la mujer sufrió una caída en la vía pública que le provocó una fractura en el fémur izquierdo. Este accidente desencadenó una serie de eventos que la llevaron a una extensa y complicada atención sanitaria, incluyendo varias internaciones en diferentes hospitales.
La mujer fue inicialmente atendida en un hospital público, donde le realizaron una inmovilización del fémur fracturado. Posteriormente, fue transferida a un sanatorio privado en la Ciudad de Buenos Aires, cubierto por su seguro de salud. En dicho sanatorio, se le llevó a cabo una intervención quirúrgica para la reducción y osteosíntesis de la fractura. Sin embargo, recibió el alta sin recibir prescripción de antibióticos, un hecho que resultaría crítico en su posterior evolución médica.
Poco tiempo después de la cirugía, la situación de la paciente se complicó. Durante un control posoperatorio, se identificó una secreción purulenta en el sitio de la operación, lo que llevó a una nueva internación. En esta ocasión, se descubrió la presencia de Estafilococo Aureus, una bacteria que puede causar infecciones graves. A pesar de que se inició un tratamiento antibiótico intensivo, la paciente sufrió un deterioro significativo de su salud, incluyendo insuficiencia renal que la obligó a ser atendida en un área de cuidados intensivos y a someterse a hemodiálisis.
La evolución de su estado de salud fue desalentadora, ya que tuvo que enfrentar múltiples internaciones, el desarrollo de fístulas, infecciones resistentes y la necesidad de someterse a diversas intervenciones quirúrgicas. La paciente experimentó episodios de osteomielitis y bacteriemias, así como infecciones generadas por gérmenes adquiridos en el hospital, lo que complicó aún más su recuperación. Durante este proceso, se le colocaron varios dispositivos médicos con el objetivo de controlar su cuadro séptico y restaurar la función de su extremidad afectada.
A lo largo de este difícil camino, la mujer ha tenido que lidiar con un tratamiento prolongado con antibióticos y ha sufrido una incapacidad física significativa. Según un peritaje oficial, su incapacidad asciende a un 68,81%, la cual se considera parcial y permanente. Este informe técnico también establece un vínculo directo entre las secuelas sufridas y la fractura inicial, así como las complicaciones infecciosas que surgieron posteriormente.
En respuesta a esta serie de eventos, la mujer presentó una demanda civil contra el médico que la atendió, la aseguradora de responsabilidad profesional, la empresa de medicina prepaga y el sanatorio en cuestión. En su reclamo, solicita una indemnización por mala praxis y por la supuesta falta de medidas preventivas en su atención postoperatoria. En primera instancia, el juzgado desestimó la responsabilidad del médico y su aseguradora, pero sí responsabilizó a la empresa de medicina prepaga y al sanatorio, condenándolos a pagar más de 63 millones de pesos en concepto de incapacidad y daño moral.
El fallo en primera instancia subraya la obligación de los prestadores de salud de garantizar un resultado seguro para sus pacientes, en el marco de una relación de consumo. La decisión judicial se basa en la existencia de infecciones hospitalarias y en las complicaciones que surgieron a raíz de la atención médica, lo que resalta la importancia de la calidad en los servicios de salud y la responsabilidad que tienen las instituciones médicas en la atención de sus pacientes.
