El Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.º 1 de Azul ha emitido un fallo trascendental en el que se ordena a la Provincia de Buenos Aires el pago de una indemnización significativa por un accidente de tránsito que tuvo lugar en Olavarría en abril de 2022. Esta decisión se basa en una demanda presentada por un individuo que sufrió lesiones mientras viajaba como acompañante en un vehículo que fue impactado por un patrullero policial. La resolución no solo establece un precedente sobre la responsabilidad del Estado, sino que también destaca la importancia de seguir las normativas de tránsito en situaciones de emergencia.
El incidente se produjo cuando el reclamante, que se encontraba en un Chevrolet Corsa, fue chocado por una camioneta Ford Ranger de la policía en una intersección de la ciudad. De acuerdo con los informes, el automóvil particular circulaba por la vía cuando, en un intento de ceder el paso, fue colisionado por el patrullero que cruzó con el semáforo en rojo. Este hecho ocurrió en un entorno urbano, bajo condiciones de visibilidad óptimas y en un momento de tránsito normal, lo que añade un contexto crítico al análisis del caso.
Las consecuencias del accidente fueron severas para el reclamante, quien fue trasladado de inmediato a un hospital donde se le diagnosticaron fracturas en una pierna y heridas en la cabeza. A raíz de sus lesiones, el reclamante se vio obligado a permanecer en reposo durante varios meses, lo que impactó negativamente en su vida diaria y en su capacidad laboral. Este hecho subraya la importancia de la responsabilidad que tienen los vehículos de emergencia al operar en el tráfico urbano, donde las decisiones de los conductores pueden tener repercusiones graves para otros ciudadanos.
El reclamo judicial fue presentado contra la Provincia de Buenos Aires, en calidad de responsable del patrullero, así como contra la propietaria del Chevrolet Corsa. Las compañías aseguradoras de ambos vehículos también fueron citadas en el proceso. La cantidad reclamada inicialmente superaba los veintiocho millones de pesos, incluyendo indemnización por daño moral, incapacidad física y gastos médicos, además de los intereses correspondientes.
La defensa de la provincia argumentó que el patrullero se encontraba en una situación de emergencia y, por lo tanto, tenía derecho a prioridad de paso. No obstante, la aseguradora del automóvil particular sostuvo que el accidente se debió enteramente a una maniobra imprudente del conductor del Corsa. Estos argumentos llevaron al juzgado a realizar una exhaustiva revisión de los hechos, donde se valoraron pericias mecánicas y médicos.
El análisis de los peritos determinó que el Chevrolet Corsa cruzó la intersección con el semáforo en verde, mientras que el patrullero lo hizo con la luz roja. El impacto se produjo en el costado derecho del patrullero y en la parte frontal del automóvil particular. Esta información fue crucial para el fallo, que se basó en la Ley Nacional de Tránsito, la cual establece que los vehículos de emergencia solo tienen prioridad de paso si circulan con sirena y balizas activadas.
Finalmente, el tribunal concluyó que no se probó la activación de sirena y balizas en el patrullero al momento del siniestro, lo que significó que el vehículo policial no tenía la prioridad de paso que alegaba. En consecuencia, el fallo consideró que la actuación del patrullero representó un funcionamiento inadecuado del servicio público, reconociendo la responsabilidad del Estado en este caso. Este fallo no solo resalta la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito por parte de todos los conductores, sino que también plantea interrogantes sobre la capacitación y procedimientos que deben seguir los vehículos de emergencia en situaciones cotidianas.
