La investigación sobre el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) toma un nuevo impulso este martes con el inicio de una serie de indagatorias que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de la entidad, y a Miguel Ángel Calvete, entre otros más de 20 empresarios. Desde las 9:30 de la mañana, Spagnuolo deberá comparecer ante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo para responder por su participación en un entramado delictivo que ha desvelado maniobras corruptas que se extendieron durante varios años. A las 11:30 será el turno de Daniel Garbellini, quien ocupó el segundo puesto en la ANDIS y también está procesado por su implicación en estos hechos.
Las indagatorias son parte de un proceso judicial que abarca un total de 35 testimonios a exfuncionarios y empresarios, las cuales se llevarán a cabo hasta el 26 de mayo. Lo que ha salido a la luz hasta ahora es alarmante: los investigadores han detectado que se malversaron alrededor de 75.478 millones de pesos, fondos del Estado que debían destinarse a la compra de insumos médicos imprescindibles para personas con discapacidad y enfermedades graves.
Los delitos investigados por la fiscalía abarcan un periodo que comienza en diciembre de 2023 y se extiende hasta octubre de 2025. Durante este tiempo, se ha evidenciado un patrón de conducta en el que funcionarios de la ANDIS favorecieron a un grupo selecto de empresas en la adjudicación de contratos para la provisión de insumos de alto costo, conocidos como PACBI. A cambio de estos favores, los involucrados habrían recibido sobornos y beneficios de diversas índoles, constituyendo una clara violación de la ley y de la ética pública.
Más de 20 empresarios, que operan a través de más de 30 firmas, están implicados en este esquema delictivo que, según la investigación, fue orquestado desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que en el ámbito empresarial, Calvete y Pablo Atchabahian jugaron roles clave. Este entramado no solo afecta las finanzas del Estado, sino que pone en peligro la salud de miles de personas que dependen de estos insumos para su calidad de vida.
Los insumos involucrados en esta investigación son de vital importancia para el sistema de salud, incluyendo prótesis de alta gama, implantes cocleares y dispositivos médicos necesarios para cirugías complejas. Estas tecnologías no solo son costosas, sino que son esenciales para la atención de personas con discapacidad y enfermedades crónicas que, por lo general, carecen de una cobertura médica adecuada. El Programa Incluir Salud, bajo la órbita de la ANDIS, fue creado para garantizar que estas personas reciban atención médica, pero en este caso se ha evidenciado un desvío total de su propósito original.
El fiscal Picardi ha subrayado que, en lugar de cumplir con sus responsabilidades, quienes lideraron esta organización criminal establecieron un sistema de pagos ilegales que beneficiaron a un grupo empresarial específico, perjudicando tanto al Estado como a la población que debería ser protegida por las políticas públicas de la ANDIS. Este escándalo resalta la necesidad urgente de reformas en el sistema de adquisiciones y en la gestión de recursos destinados a la salud, para evitar que situaciones similares puedan ocurrir en el futuro y garantizar que los fondos públicos se utilicen adecuadamente en beneficio de quienes más lo necesitan.
