La tragedia que conmocionó a la comunidad educativa de Junín de los Andes se vuelve a poner en el centro de la atención pública tras la imputación del director de la institución donde, hace seis meses, falleció un niño de 12 años llamado Joaquín Stefano Gatto. Este lamentable suceso tuvo lugar cuando el menor, durante un viaje de campamento organizado por un grupo juvenil salesiano, quedó aplastado por un arco de fútbol. La Justicia de Neuquén ha decidido formular cargos en contra del director, H. F. C., quien es acusado de homicidio culposo por no cumplir con los deberes de cuidado que le correspondían sobre las instalaciones deportivas del colegio.
El incidente ocurrió el 4 de enero, un día que debería haber sido memorable para Joaquín y sus compañeros, pero que terminó en tragedia. El niño, oriundo de Ramos Mejía, fue trasladado de emergencia al hospital local tras sufrir un paro cardiorrespiratorio debido a un golpe en el tórax, provocado por la caída del arco. A pesar de los esfuerzos médicos en el hospital de Junín de los Andes, Joaquín no pudo sobrevivir y falleció dos días después, tras sufrir lesiones cardíacas que lo llevaron a una muerte encefálica por falta de oxigenación en el cerebro.
El fiscal jefe, Gastón Ávila, expuso en la audiencia de formulación de cargos que el arco involucrado en el accidente tenía dimensiones reglamentarias para un campo de fútbol 11, lo que implica que era una estructura pesada y, por ende, potencialmente peligrosa si no estaba adecuadamente asegurada. Se destacó que el arco no contaba con estacas ni estaba fijado al suelo, lo que representa una clara negligencia en su instalación. Además, el terreno irregular donde se encontraba el arco contribuyó a su inestabilidad, un hecho que se convirtió en factor determinante en la tragedia.
Las pericias realizadas en el lugar del accidente revelaron múltiples fallas en la instalación del arco, lo que ha llevado a la acusación a sostener que el director del colegio no solo falló en su deber de cuidado, sino que además puso en riesgo la vida de los alumnos. En este sentido, el fiscal Ávila aseguró que Joaquín no incurrió en ninguna imprudencia, ya que simplemente se colgó del travesaño del arco, algo que cualquier niño podría hacer en un partido de fútbol. Las declaraciones del fiscal intentan desestimar cualquier intento de atribuir responsabilidad al menor en un contexto donde la seguridad de las instalaciones era claramente deficiente.
La respuesta de la institución educativa ha sido de colaboración desde el inicio de la investigación, permitiendo el acceso a todas las pericias necesarias y manteniendo la cancha clausurada hasta el presente. Este aspecto es fundamental, ya que demuestra una actitud proactiva por parte del colegio ante un hecho que ha marcado un antes y un después en su comunidad. Sin embargo, la decisión sobre si el caso avanzará hacia un juicio oral o si se buscará una resolución alternativa queda ahora en manos del tribunal, generando expectativas sobre el rumbo que tomará la causa.
La muerte de Joaquín ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar y reforzar las medidas de seguridad en las instalaciones deportivas de las instituciones educativas. Este caso no solo es un recordatorio desgarrador de la fragilidad de la vida infantil, sino que también subraya la importancia de la responsabilidad institucional en la protección de los menores. La comunidad educativa y los padres de familia esperan que se haga justicia y que se tomen las medidas necesarias para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir en el futuro.
