El médico anestesista Juan Maeso, quien fue condenado en 2007 a una pena de 1.933 años de prisión por ser responsable del mayor contagio masivo de hepatitis C en la historia de la sanidad española, falleció el lunes a causa de una enfermedad prolongada. Una semana antes de su encarcelamiento, Maeso se había declarado inocente, alegando que el proceso judicial en su contra era un "montaje". Sin embargo, la Justicia española determinó que su negligencia había causado la infección en 275 pacientes en varios hospitales de Valencia entre 1988 y 1998.
La sentencia que lo condenó se fundamentó en la responsabilidad de Maeso en una serie de contagios que se extendieron por una década. El tribunal, en un fallo histórico, consideró que el anestesista había actuado con grave negligencia al transmitir el virus a sus pacientes, lo que llevó a la Audiencia Provincial de Valencia a imponerle una severa condena. Se le atribuyeron 275 cargos de lesiones, cada uno sancionado con siete años de prisión, además de cuatro cargos de homicidio imprudente vinculados al fallecimiento de algunos de sus pacientes.
El primer contagio por el que Maeso fue responsabilizado ocurrió el 15 de diciembre de 1988, cuando una niña de cinco años contrajo hepatitis C tras una intervención quirúrgica. La cadena de contagios continuó hasta el 27 de enero de 1998, cuando una mujer de 51 años, internada por una fractura de cadera, se convirtió en la última víctima confirmada del anestesista. Ese mismo mes, y tras la confirmación de que Maeso portaba el virus, la Casa de la Salud, un hospital privado, decidió prohibir su acceso.
La carrera profesional de Maeso en el sistema sanitario terminó oficialmente el 20 de febrero de 1998, después de una reunión con los directivos del hospital La Fe, donde ocupaba el cargo de jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación en el área Maternal. Este caso marcó un hito en la jurisprudencia española, estableciendo precedentes sobre la responsabilidad penal y civil de los profesionales médicos en situaciones de transmisión de enfermedades en entornos hospitalarios.
En virtud de la legislación vigente, aunque su condena era extensa, Maeso solo debía cumplir un máximo de 20 años de prisión. Tras casi 16 años tras las rejas, en 2022 logró acceder a un régimen de tercer grado que le permitía mayor libertad de movimiento. Su defensa argumentó la necesidad de su liberación anticipada debido a su avanzada edad, problemas de salud y la preocupación por un posible contagio de Covid-19 en prisión. Finalmente, en 2023, el tribunal aceptó el recurso de sus abogados, permitiéndole vivir fuera del penal.
La condena de Maeso también incluyó significativas indemnizaciones para las víctimas y sus familias. Según informes, el anestesista debía pagar sumas que ascendían a 49.065 euros a la viuda e hijos de una de las personas que fallecieron a causa de la hepatitis C. Este caso no solo dejó una profunda huella en el sistema de salud español, sino que también planteó cuestiones éticas y legales sobre la responsabilidad de los profesionales de la salud y el impacto de sus acciones en la vida de los pacientes.
