En un contexto donde la salud pública se ha convertido en un tema crucial, especialistas en el área han hecho un llamado al Gobierno de México para que acelere la implementación del Servicio Universal de Salud. Este ambicioso proyecto, que planea su entrada en vigor de manera gradual a partir de 2027, tiene como objetivo fundamental garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a atención médica en cualquier institución pública del país, sin importar su afiliación previa. Sin embargo, los expertos han señalado que esta transición implicará desafíos significativos en términos de organización y financiamiento que deben ser abordados con seriedad y planificación.
Durante un panel de discusión organizado por la Coalición México Salud-Hable, se destacó la necesidad de una coordinación más eficiente entre los diversos subsistemas de salud que operan actualmente en el país. Entre estos subsistemas se encuentran el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el programa IMSS-Bienestar. Los especialistas advirtieron que sin una estrategia clara para la integración de estos organismos, el acceso equitativo a los servicios de salud seguiría siendo una meta difícil de alcanzar.
La investigadora Arantxa Colchero, del Instituto Nacional de Salud Pública, subrayó la importancia de optimizar los recursos existentes, ya que el gasto público en salud, que actualmente representa el 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, sigue siendo insuficiente. Sin embargo, enfatizó que simplemente incrementar el presupuesto no asegurará un sistema más justo. "Es posible mejorar la salud utilizando los recursos actuales", afirmó, sugiriendo que la clave radica en una gestión más efectiva de los mismos.
Yamila Comes, consultora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), también hizo hincapié en que un aumento en el gasto no necesariamente resulta en una mayor equidad si el sistema se mantiene fragmentado. "La equidad implica atender primero a quienes más lo necesitan", explicó, al referirse a la importancia de que la cobertura universal no dependa de la institución a la que esté afiliada cada persona. Este enfoque es fundamental en un país donde la informalidad laboral afecta a más del 50% de la población, limitando el acceso a servicios de salud.
Por su parte, Silvia Carreño, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría, propuso la creación de un fondo nacional destinado a la cobertura universal que contemple no solo las enfermedades transmisibles, sino también la salud mental y patologías no transmisibles. Carreño argumentó que deben implementarse nuevas medidas fiscales que permitan captar recursos de manera eficaz, transparente y con rendición de cuentas para mejorar los servicios de salud.
Finalmente, Carmen Millé, directora del Centro de Respuestas Educativas y Comunitarias (CRECE), destacó la importancia de aumentar impuestos sobre productos nocivos, como el tabaco, el alcohol y los alimentos ultraprocesados, como parte de una estrategia más amplia para fortalecer el financiamiento del sistema de salud. Esta medida no solo podría generar recursos adicionales, sino que también podría contribuir a la prevención de enfermedades y mejorar la salud pública en general.
En resumen, la implementación efectiva del Servicio Universal de Salud en México requiere un enfoque multidimensional que contemple una mejor coordinación entre los sistemas existentes, una gestión eficiente de los recursos y una mayor inversión en salud pública. La equidad en el acceso a servicios de salud es un objetivo que demanda compromiso y acción por parte del gobierno y la sociedad en su conjunto, en un país donde la salud de la población debe ser una prioridad indiscutible.
