Las decisiones en políticas públicas tienen un alcance que va más allá de los números en informes sanitarios; moldean la autopercepción de una sociedad. Un claro ejemplo de esto es el Programa Remediar, que surgió en el año 2002, en medio de una de las crisis más severas que ha atravesado Argentina. En aquel momento, la crisis no solo afectó la economía, sino que también tuvo un fuerte impacto en la seguridad alimentaria y en el acceso a servicios de salud, lo que llevó al Estado a implementar una estrategia fundamental: garantizar que los medicamentos esenciales llegaran a quienes más los necesitaban.

Más de dos décadas después, se observan signos alarmantes que evocan la gravedad de aquella época. El aumento de la inseguridad alimentaria entre niños y adolescentes, así como el creciente endeudamiento de las familias, dibujan un panorama preocupante que no puede ser ignorado. En contextos de crisis, es crucial que las políticas públicas se fortalezcan y se mantengan, en lugar de retroceder, puesto que son esenciales para salvaguardar derechos fundamentales.

Desde 2003, bajo las administraciones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el Programa Remediar evolucionó de ser una medida de emergencia a una política estructural del sistema de salud argentino. Este programa llegó a distribuir cerca de un centenar de medicamentos a lo largo y ancho del país, asegurando tratamientos para condiciones crónicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias y endocrinológicas, además de abordar patologías agudas y ofrecer acciones de prevención, como la suplementación en el embarazo y el acceso a métodos anticonceptivos.

El impacto del programa va mucho más allá de la simple provisión de medicamentos. Durante más de 24 años, generaciones de trabajadores de la salud y ciudadanos compartieron la certeza de que enfermarse en Argentina no debía ser un motivo de angustia económica ni un camino hacia la exclusión social. La garantía de acceso a medicamentos esenciales, incluso en las regiones más remotas donde las farmacias escasean, se convirtió en un pilar del pacto social que define la identidad del país.

Sin embargo, la eventual interrupción de este programa, en conjunto con las restricciones al acceso a medicamentos para jubilados a través del PAMI, pone en peligro no solo tratamientos vitales, sino que también socava un concepto más profundo: la seguridad social. La convicción de que existe un Estado que protege y garantiza derechos se ve amenazada cuando el acceso a la salud se convierte en una cuestión de privilegio.

El impacto sanitario de esta situación es innegable. La falta de acceso a tratamientos para enfermedades crónicas genera complicaciones que podrían prevenirse, aumentando las tasas de internación y el sufrimiento de las personas afectadas. Sin embargo, el daño simbólico que se produce es aún más preocupante, ya que cuando se debilita la noción de que la salud es un derecho humano fundamental, se fractura un consenso social que llevó décadas en consolidarse.

Además, el Programa Remediar no funcionaba como una política aislada; su implementación en centros de salud, en lugar de hospitales, fortalecía la atención primaria. Esto permitía resolver la mayoría de los problemas de salud a nivel local, cerca de los hogares, evitando la saturación de los hospitales y promoviendo un modelo de atención más accesible y efectivo para la población. En este contexto, es imperativo reflexionar sobre la necesidad de revitalizar políticas que aseguren el acceso a la salud como un derecho inalienable de todos los ciudadanos argentinos.