La investigación sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con fuerza, y el juez federal Ariel Lijo se encuentra ante la tarea de decidir sobre un pedido que incluye 29 nuevas indagatorias. Este requerimiento fue presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes han identificado nuevas evidencias que podrían complicar aún más la situación de varios implicados. La causa, que ya ha revelado maniobras de corrupción por cifras que superan los 75.000 millones de pesos, se enfoca en la gestión de recursos públicos destinados a la adquisición de insumos médicos.
Entre los acusados se encuentran figuras destacadas, como el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini. Junto a ellos, más de 20 empresarios también son investigados por su supuesta participación en un esquema que beneficiaba a ciertas compañías a expensas de las arcas del Estado. La investigación sostiene que desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, estos funcionarios habrían manipulado las compras de insumos médicos de alto costo, conocidos como PACBI (Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia), para favorecer a empresas específicas a cambio de sobornos o comisiones ilegales.
Las PACBI son insumos esenciales para personas con discapacidades severas o enfermedades crónicas, que requieren prótesis, implantes cocleares y otros materiales médicos. Su gestión estaba a cargo del Programa Incluir Salud, que atiende a un sector de la población vulnerable que, por lo general, carece de cobertura médica adecuada. Sin embargo, las investigaciones sugieren que este programa fue utilizado como una fachada para desviar fondos destinados a la salud pública, enriqueciendo a un grupo selecto de proveedores.
A lo largo de los siete meses que lleva esta causa, se ha evidenciado que ANDIS operaba como una “ventanilla” que facilitaba la concentración de beneficios económicos en determinados proveedores, eludiendo los principios de transparencia y control que deben regir la administración pública. Los fiscales han señalado que los imputados contaban con información privilegiada que les permitía manipular las adjudicaciones de compras y coordinar una cartelización empresarial que afectaba la libre competencia.
El juez Lijo asumió el caso con 19 procesamientos ya en marcha, heredando un expediente que había estado bajo la supervisión de otro magistrado, Sebastián Casanello, hasta febrero pasado. Este cambio de juez ha generado expectativas en torno a la dirección que tomará la causa, dado que Lijo es conocido por su enfoque riguroso en temas de corrupción y su capacidad para abordar casos complejos.
Los fiscales Picardi y Rodríguez, junto con la colaboración de varias unidades de la Procuración General, incluyendo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), están trabajando en conjunto para desentrañar una trama que podría tener implicaciones mucho más amplias en el ámbito de la administración pública. La participación de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) también refuerza la seriedad de esta investigación, que busca no solo identificar a los responsables, sino también recuperar los activos ilícitos obtenidos a través de este sistema de corrupción.
