La justicia de la provincia de Buenos Aires ha desestimado la demanda presentada por una psicóloga que buscaba obtener más de cinco millones de pesos como compensación tras sufrir un accidente en la vía pública. El fallo judicial determinó que la reclamante no logró demostrar de manera suficiente los hechos alegados ni establecer una conexión clara entre el accidente y la supuesta negligencia de la municipalidad. Este caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de espacios públicos y las implicancias de las demandas por accidentes laborales.
La demandante relató que el 22 de octubre de 2021, alrededor de las dos de la tarde, sufrió una caída mientras cruzaba una senda peatonal en la localidad de Martínez. Según su declaración, tropezó con una canaleta en mal estado que, según ella, era parte de un sistema de drenaje. La abertura, que tenía aproximadamente 35 centímetros de profundidad, se encontraba cerca del cordón de la vereda y representaba un riesgo para los transeúntes. Esto genera interrogantes sobre la responsabilidad de las municipalidades en la conservación y señalización de las infraestructuras urbanas.
Las consecuencias de la caída fueron significativas para la profesional de la salud, quien sufrió una fractura en el tobillo derecho, lesiones en la rodilla, un esguince en el tobillo izquierdo y problemas cervicales. La mujer se vio obligada a someterse a una cirugía y a un largo proceso de rehabilitación, lo que limitó su capacidad para trabajar y alteró su vida cotidiana. En su demanda, la psicóloga no solo reclamó por daños físicos sino también por el sufrimiento emocional y psicológico causado por el accidente, lo que pone de manifiesto la complejidad de los daños que pueden derivarse de estos incidentes.
En el proceso judicial, la mujer argumentó que había sido asistida inmediatamente después del accidente por personas que se encontraban en las cercanías, quienes le ofrecieron ayuda y la trasladaron a un sanatorio privado. Esta asistencia, según su versión, corroboraba la gravedad de su situación. Sin embargo, la municipalidad se opuso a la veracidad de la versión presentada, alegando que no existía obligación legal de señalizar canaletas, dado que son estructuras comunes y necesarias para el drenaje de aguas pluviales. Esta defensa pone en evidencia la tensión entre los derechos de los ciudadanos y las obligaciones del Estado.
La cifra reclamada de cinco millones ochocientos mil pesos incluía compensaciones por daños físicos, psicológicos y morales, así como gastos médicos y lucro cesante. La demandante fundamentó su pedido en la responsabilidad tanto objetiva como subjetiva de la administración local, basándose en el Código Civil y otras normativas. Sin embargo, la municipalidad no solo negó los hechos, sino que también cuestionó la falta de pruebas concretas que respaldaran las lesiones alegadas, lo que llevó a un análisis exhaustivo de la documentación presentada en el juicio.
Durante el proceso, la única testigo presentada por la parte demandante no pudo confirmar la ocurrencia del accidente ni identificar el lugar en las fotografías aportadas. La insuficiencia de pruebas y testimonios resultó determinante para la decisión judicial, que finalmente concluyó que no había evidencia suficiente para responsabilizar a la municipalidad por la caída de la psicóloga. Este fallo resalta la importancia de contar con pruebas contundentes en los juicios de responsabilidad civil, así como la necesidad de una adecuada señalización y mantenimiento de las infraestructuras públicas.
Este caso no solo refleja un hecho aislado de una persona que sufrió un accidente, sino que también plantea un debate más amplio sobre la responsabilidad del Estado en la seguridad de los espacios públicos y la necesidad de mejorar la infraestructura urbana. La decisión judicial marca un precedente que podría influir en futuras demandas similares, donde los ciudadanos deben considerar cuidadosamente las pruebas y fundamentos legales que presentarán ante la justicia.
