Las zonas de bajas emisiones (ZBE) en España se perfilan como una herramienta clave en la lucha contra la contaminación y la mejora de la calidad del aire. Según Ramón Ledesma, experto en movilidad y regulación, el futuro de estas áreas debe centrarse en una gestión más inteligente y controlada, alejándose de enfoques prohibicionistas. Propone que las ZBE sean más precisas, conectadas con el transporte público y, en ciertas ciudades, complementadas con instrumentos económicos como peajes selectivos que regulen el acceso en horarios de alta demanda.
Ledesma, quien es parte de Impulso by Pons, destaca que la Unión Europea ha establecido obligaciones claras en materia de calidad del aire, aunque no impone la creación de ZBE en todas las ciudades. La directiva vigente, que comenzará a aplicarse en diciembre de 2024, introduce límites más estrictos para los contaminantes atmosféricos, obligando a los Estados miembros a tomar medidas efectivas en caso de incumplimientos. Este cambio normativo busca que las ciudades no solo cumplan con los estándares europeos, sino que también implementen acciones adecuadas para mitigar la contaminación.
Un aspecto relevante que Ledesma menciona es la normativa Euro 7, que entrará en vigor en noviembre de 2026 y que no solo contempla las emisiones de escape de vehículos, sino también otros factores como los frenos y neumáticos. Esta regulación pone de relieve la importancia de un enfoque integral en la reducción de emisiones, que abarca no solo el tipo de vehículos en circulación, sino también su rendimiento en las condiciones de uso diario. La implementación de estas normativas podría transformar la manera en que las ciudades gestionan el tráfico y la contaminación.
El experto advierte que, aunque la legislación europea no exige directamente la creación de ZBE, sí implica que las administraciones deben adoptar restricciones eficaces si el tráfico es un factor determinante en el incumplimiento de los estándares de calidad del aire. Esto abre la puerta a diversas estrategias, incluidas las ZBE, pero también otras medidas de gestión del tráfico que podrían ser igualmente efectivas.
Consultado sobre si el marco regulatorio en España podría experimentar un cambio radical similar al de Francia, Ledesma señala que las transformaciones en políticas públicas requieren tiempo y no pueden ser impulsadas de manera abrupta. La falta de una cultura de buen gobierno y de planificación a largo plazo son obstáculos que deben superarse para que cualquier intento de reforma tenga éxito. Resalta la necesidad de una mayor pedagogía y concientización entre la población para que las nuevas normas sean aceptadas y efectivas.
El experto también hace hincapié en que la implementación apresurada de restricciones puede generar problemas. Utiliza el ejemplo de la obligatoriedad de los cinturones de seguridad traseros, que no llevó a la eliminación inmediata de vehículos que no cumplían con esta norma. Actualmente, muchos de esos vehículos siguen en circulación, lo que demuestra que las políticas deben ser acompañadas de un proceso gradual y educativo. En este contexto, el objetivo de las ZBE debería ser la disminución del tráfico privado y el fomento del transporte colectivo, promoviendo así un cambio hacia modos de desplazamiento más sostenibles y saludables.
