En un giro importante en la política de Zimbabue, el Senado ha dado luz verde a una reforma constitucional que prolonga el mandato presidencial de cinco a siete años. Esta modificación, que podría permitir al actual presidente Emmerson Mnangagwa mantenerse en el poder hasta 2030, se produce en un contexto de tensiones políticas y protestas sociales. La decisión se enmarca en la discusión de una enmienda que ha generado un amplio debate entre los partidos políticos y la ciudadanía.
El proceso legislativo comenzó con la aprobación del Proyecto de Enmienda Constitucional Nº 3 (CAB3) en la Cámara Baja, donde se obtuvo el respaldo necesario para avanzar al Senado. Este miércoles, el Senado ratificó la enmienda con 75 votos a favor y solo cuatro en contra, superando así la mayoría de dos tercios que se requería. La presidenta del Senado, Mabel Chinomona, destacó la importancia de esta decisión, que se encuentra ahora a un paso de convertirse en ley tras su regreso a la Asamblea Nacional para una última lectura.
La propuesta fue presentada por el ministro de Justicia, Ziyambi Ziyambi, quien afirmó que el proyecto refleja el sentir de la población, basado en consultas públicas realizadas previamente. Sin embargo, estas afirmaciones han sido desmentidas por miembros de la oposición, quienes sostienen que la medida fue impuesta sin un verdadero consenso. Sessel Zvidzai, senador de la Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC), expresó su rechazo a la reforma, argumentando que no representa los intereses del pueblo y que muchos legisladores se opusieron a ella de manera contundente.
La composición del Senado de Zimbabue es un reflejo de las tensiones políticas en el país. Con 80 escaños, la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) tiene 33, mientras que la oposición, liderada por la CCC, cuenta con 27. Los 20 restantes están ocupados por jefes tradicionales y representantes de personas con discapacidad. Esta dinámica ha influido en la discusión sobre la extensión de los mandatos, alimentando las críticas de que el gobierno busca consolidar su poder a expensas de la democracia.
Además de la extensión del mandato presidencial, la reforma otorga al Parlamento la facultad de elegir a los futuros presidentes, lo que ha generado aún más preocupación entre los opositores. La iniciativa fue impulsada tras la aprobación de una resolución por parte del partido gobernante en octubre de 2025. Las audiencias públicas previas a esta aprobación se llevaron a cabo durante 90 días, aunque muchos critican que la participación ciudadana fue limitada y no reflejó una verdadera consulta popular.
La reforma ha tenido repercusiones en la sociedad zimbabuense, donde han surgido protestas tanto de la oposición como de algunos sectores dentro del partido oficialista. En marzo, enfrentamientos entre manifestantes y la policía resultaron en 95 arrestos, evidenciando el descontento generalizado con la dirección que está tomando el país. Los disturbios fueron reprimidos con gases lacrimógenos y cañones de agua, lo que pone de manifiesto la tensión entre el gobierno y los ciudadanos que piden un cambio verdadero.
Emmerson Mnangagwa, de 83 años, ha estado en el poder desde 2017 y fue elegido en 2018 y reelegido en 2023, en unas elecciones que fueron objeto de impugnaciones. La extensión de su mandato podría significar una prolongación de un gobierno que ha enfrentado críticas por su manejo de la economía y la represión de la disidencia. Con el horizonte de 2030 en mente, el futuro político de Zimbabue se perfila incierto, mientras se intensifican los debates sobre la legitimidad de sus instituciones y el deseo de cambio en su población.
