Vox presentó este lunes una solicitud ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que recurra la decisión del Gobierno vasco de conceder el tercer grado penitenciario a Henri Parot, exdirigente de ETA. La formación pidió además que la medida sea suspendida y que el condenado "retorne de inmediato al centro penitenciario correspondiente".
El escrito fue firmado por Marta Castro, vicesecretaria Nacional Jurídica de Vox, quien sostuvo que la concesión "afecta directamente a los derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a las víctimas del terrorismo". Según el documento, el beneficio penitenciario supone "un menosprecio y humillación" para ellas.
La presentación invoca el artículo 61 de la Ley 29/2011, que, de acuerdo con la interpretación expuesta por Vox, obliga al Estado a prevenir y evitar actos que impliquen "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas".
Además, el partido plantea que para acceder a este tipo de medidas deben acreditarse de forma "fehaciente y cumulativa" signos "inequívocos" de abandono de los "fines y medios terroristas". También menciona la necesidad de una "colaboración activa" para impedir nuevos delitos, atenuar los propios e identificar, capturar o procesar a responsables de delitos terroristas.
El escrito también alude a otros requisitos, entre ellos una "declaración expresa de repudio de las actividades delictivas y de abandono de la violencia", una "petición expresa de perdón a las víctimas" y la existencia de "informes técnicos que acrediten la real desvinculación de la organización".
